UNA LEY DE CAPITALIDAD

El Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, alberga casi un millón de personas, siendo la zona de mayor densidad del país y donde se realizan las actividades más importantes no sólo de los que viven allí sino también de los que van de tránsito, además de ser la sede del Gobierno central conforme a la Constitución.

La capital cuenta con espacios de invaluable prestigio mundial como la ciudad colonial, declarada por Unesco Patrimonio de la Humanidad. Tiene una amplia zona metropolitana y en general  una serie de condiciones que sin dudas le conceden una naturaleza distinta a los municipios, algo que fue reconocido en el 1952 por una Ley especial para el Distrito Nacional no. 3456.

Esto cambió en el 2007 con la aprobación de la Ley no. 176-07. La misma unifica el régimen legal del Distrito Nacional y los municipios y constituye una involución injusta, pues pretende que se trate con igualdad situaciones completamente desiguales. 

Es necesario retomar el tema que inspiró a los congresistas de hace 64 años a dar un tratamiento especial a la capital, ahora aún con más razones pues la adornan nuevas características de gran ciudad.

Requiere el Distrito legislación que dote a las autoridades de la ciudad de más autonomía y un mayor radio acción en su capacidad jurídica.  Temas como el tránsito, por ejemplo, no podrán ser solucionados por el Ayuntamiento si no tienen el control de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET); problemas como la inseguridad se podrían abordar mejor con un cuerpo policial a cargo de dichas autoridades (como ocurrió en New York, cuyo Jefe de la Policía depende directamente del Alcalde); la interrupción inmediata de acciones abusivas como construcciones ilegales se podría hacer sólo si existiese una ley que, a diferencia de la normativa vigente, no supedite la decisión a la larga espera en los tribunales, entre muchos otros ejemplos de interés para la colectividad.

Es urgente que los legisladores hagan un análisis serio de un tema que impactaría directamente a un millón de personas e indirectamente a casi toda la República Dominicana. Deben entender la imperiosa necesidad de una Ley de Capitalidad para el Distrito Nacional y abrir una discusión profunda en la que incluso podría determinarse elaborar un proyecto en el que se agregue a la ciudad de Santiago de los Caballeros en este régimen por su trascendencia política y económica y particulares condiciones.

La capital está cada vez mejor, pero el avance sería exponencial con una normativa especial.