Thursday, August 10, 2017

OTRA FORMA, LA MISMA INTENCIÓN



La Dirección General de Aduanas intentó, en 2012, pasar, en el marco de la reforma fiscal, la fijación de impuestos para las importaciones de bajo valor, es decir, las compras por Internet de menos de US$200 que hasta ahora se encuentran exentas. Sin embargo, las pretensiones fueron abandonadas cuando se pudo constatar que no sólo afectaba a muchos sectores y aún más a los consumidores, sino que además sería ilegal.
Esto, sin embargo, está siendo retomado por las actuales autoridades aduanales, en el marco de una propuesta de normativa que contiene un peligroso artículo 3, que dice que será considerado como proveedor toda persona física o jurídica que sobrepase en un mismo año 20 envíos o US$2,000 en importaciones menores de US$200, lo que constituye una artimaña para, con una redacción distinta, lograr lo mismo que tienen tiempo tratando de hacer: Gravar las compras por Internet.
Pretender establecer impuestos a las compras por Internet es atentar contra disposiciones claras contempladas en el DR-CAFTA sobre el transporte expreso de mercancía. Esto así porque el Decreto No. 402-05, contentivo del Reglamento de Despacho Expreso de Envíos, fue notificado a la Oficina de Acuerdos Comerciales de los Estados Unidos (USTR), en observancia con el artículo 5 del DR-CAFTA para cumplir con el 5.11 de implementación del Tratado, lo que inmediatamente convierte al mismo en parte esencial del DR-CAFTA y con igual fuerza vinculante para todos los fines jurídicos.
No hay manera de justificar la creación de impuestos violatorios de acuerdos internacionales de los cuales nuestro país es signatario y que sin dudas podrían significar problemas en nuestras relaciones con importantes socios comerciales como Estados Unidos.
Por otro lado, no hay una real contribución económica con esta medida que justifique los daños, pues encarecería los costos operativos de las aduanas y como haría más largo el procedimiento el sistema de Courier (que tan positivamente ha impactado a los dominicanos), colapsaría por perder su principal sentido, afectando también a sectores conexos como las empresas de transporte aéreo, muchas tiendas y mercados, y por supuesto a miles de compradores y usuarios particulares.
Debe ser motivo de preocupación para el Gobierno que la DGA persiga una involución en la apertura comercial y entre en conflicto con los Estados Unidos por violar las disposiciones de un acuerdo del que somos parte.
Exhorto al presidente Medina a que impida que se promuevan intenciones tan perniciosas, y que a todas luces implicarían un retroceso.

Thursday, July 20, 2017

LOS RETOS DE LOS NUEVOS JUECES

Los nuevos jueces electos por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tendrán grandes retos que afrontar a partir de su designación. Por un lado, se van a estrenar en una institución que ha sido objeto de algunos cuestionamientos por fallos dudosos y de la cual en diversas ocasiones se ha dado a conocer un sorprendente estado de mora jurisdiccional por la inmensa cantidad de casos pendientes de fallo que al día de hoy sobrepasa los diez mil expedientes.

Por otro lado, en una sociedad en la que los más graves tipos delincuenciales se encuentran muy bien organizados y en pleno apogeo, tendrán los nuevos magistrados la presión particular de ser motores para eficientizar pronto el Alto Tribunal que constituye la cúspide del sistema judicial, deberán contribuir a que se agilice el trabajo con rapidez pero con calidad, y tendrán además que hacer todo esto con un presupuesto que es a todas luces insuficiente.

También, desde sus nuevos roles en un organismo que al menos técnicamente se presume independiente, la sociedad espera de los magistrados el urgente compromiso de impulsar el fortalecimiento de la impartición de justicia en el país mediante la promoción de un verdadero saneamiento del Poder Judicial que no se limite simplemente a que los jueces con deseos de lucro personal irregular o que se desvían de los preceptos legales “se vayan a sus casas”, sino que muestre ejemplos firmes y claros de que la prevaricación no será tolerada y que será perseguida y llevada hasta las últimas consecuencias.

Pero además de todo lo anterior tendrán los nuevos jueces un desafío muy puntual: Demostrar a los dominicanos que a pesar de sus conocidos vínculos con partidos políticos y el hecho de que para nadie es secreto que su designación se desprende de negociaciones entre políticos tendrán la capacidad de desprenderse de sus inclinaciones personales para hacer un trabajo objetivo e imparcial en beneficio de la colectividad y sin reparar en intereses personales.

Por los indudables lazos de los nuevos jueces con diferentes colores de la partidocracia la sociedad civil tendrá toda su atención y sus ojos puestos en el quehacer de estos magistrados y por ende tienen ellos, más que los otros, la responsabilidad de hacer una labor transparente y diáfana en la que su independencia sea palpable. Si no lo logran, serán como otros tantos que pasarán al recuerdo como marionetas desechables movidas por los hilos del poder, pero si lo logran, tienen la oportunidad de casarse con la gloria y hacer historia en la República Dominicana.

Thursday, July 13, 2017

PRISIONEROS DE LA INSEGURIDAD

La sensación de inseguridad que existe actualmente en el país impacta grandemente la cotidianidad de los dominicanos incluso en áreas que muchas veces pasan desapercibidas pero que igualmente afectan su calidad de vida.

Por ejemplo, los padres de tantos jóvenes y adolescentes que sanamente salen a divertirse con sus amistades viven largas noches de ansiedad y desasosiego esperando la llegada de sus hijos en un país donde asesinan hasta para robar un celular. También, las mujeres que antes salían a caminar o hacer sus ejercicios al Mirador tienen que conformarse con una bicicleta estacionaria o unas vueltas en el parqueo de su casa por el miedo que sienten ante los ya cotidianos hechos de violencia que están ocurriendo a cualquier hora del día y en cualquier lugar.

Y lamentablemente, pero con sobradas razones, se ha convertido en tendencia el temor, la angustia, y el tener que conformarse con salir menos, con menos espacio, con hacer menos, a cambio de la parcial protección que ofrecen las paredes de un hogar.

El dominicano bondadoso, que se levanta temprano a trabajar, que vela por su familia a pesar de las dificultades, que educa a sus hijos aunque sea una carrera de obstáculos en medio de una sociedad corrompida que estimula los antivalores y desincentiva el cultivo de las virtudes, y que a pesar de todo lo anterior casi siempre lo hace con una sonrisa en el rostro y una actitud positiva, debería poder al menos gozar ampliamente de su libertad.

Sin embargo, dicha libertad, que constituye un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, es cercenada cada vez que como consecuencia de una inseguridad desbordada la gente debe sacrificar sus gustos y sus deseos para disminuir las probabilidades de engrosar la preocupante cifra de víctimas.

Lo peor es que los victimarios protagonistas de esta ola de violencia y delincuencia que parece crecer, además de su condición, están protegidos por un sistema procesal vergonzoso y que no disuade, encabezado por un Código que bajo el título de “garantista” ha servido en demasiados casos de comodín o “pase de salida” para muchos delincuentes que, justo por ello, se sienten muy cómodos siendo reincidentes. En cambio, las reales y potenciales víctimas se tienen que recluir en sus hogares, limitar sus actividades y convertirse en temerosos prisioneros que se amargan por la impotencia ante un statu quo que no presenta soluciones y autoridades que aún no han descifrado cuál es el mejor camino para encontrarlas.

Thursday, June 29, 2017

LA PARED DE BARAHONA

Todo el que ha ido a la hermosa y subestimada Barahona puede constatar que en la carretera que bordea el malecón de La Ciénaga (que es una carretera secundaria, no es la principal) todas las propiedades turísticas como Casa del Mar, Playazul, entre otros 7 u 8 hoteles se encuentran cerradas con más de un kilómetro de verja, al margen de las casas y arrabales que también confluyen en la zona.


El antiguo Hotel Bahoruco, que pertenecía cuando operaba a la prestigiosa cadena Barceló, siempre tuvo la pared de la cual nadie en momento alguno se había quejado hasta ahora, pero hoy que pertenece a un grupo empresarial vinculado al Ministro de Obras Públicas extrañamente es tema de "denuncias y reclamos" de algunos sectores que aunque tienen pocas voces hacen ruido, sin reparar en que simplemente se está arreglando una estructura deteriorada que ya se encontraba en el lugar donde nunca hubo "vista al mar", pues más que la pared siempre la impidió la altura de la vegetación. Es por esto que el trabajo tiene, como siempre tuvo, todos los permisos ambientales requeridos.


El Grupo Perla del Sur está conformado por varios inversionistas dominicanos entre los que se encuentran Sadalá Khoury, Fefelo Méndez, Miguel Feris, Pablo Portes, entre otros y está encabezado por Gonzalo Alexander Castillo, hijo del Ministro. Ellos se disponen a reacondicionar y relanzar lo que alguna vez fue el mejor hotel de la región, el único "todo incluido" del Sur y el único con el concepto de resort que tanto ha funcionado para el Norte y el Este.


Sin dudas esto es de extrema importancia para Barahona y las provincias colindantes porque es un inmenso paso de avance hacia la dirección de dinamizar la empobrecida zona y subirla en la autopista del desarrollo que algunos a los que pareciera molestarle el progreso tanto quieren entorpecer.


Daría mucha pena que a los barahoneros y a los demás sureños se les quiera cercenar la posibilidad de beneficiarse de todo el potencial que se desprende de este proyecto simplemente por la mezquindad de gente con razones e intereses personales. Personas que en su mayoría ni siquiera visitan la zona ni conocen sus necesidades y por eso no se habían enterado que esa y otras paredes han estado por décadas, pero que al ver el nombre de un pariente de Gonzalo Castillo vieron una oportunidad para servir a sus propósitos y hacer daño. Lo mucho hasta Dios lo ve.

Thursday, June 8, 2017

EL DELITO DE PREVARICACIÓN

El Código Penal de la República Dominicana establece la prevaricación como el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.Los elementos constitutivos del delito son el hecho material de cometer un crimen, que el autor en efecto sea un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y la intención.

Según la Academia de la Lengua, la palabra prevaricación proviene de la voz prevaricato que, a su vez, deriva del latín praevaricatus, relativa a la acción de cualquier funcionario público que falta a los deberes de su cargo cuando a sabiendas o por ignorancia inexcusable dicta resolución de manifiesta injusticia.

La prevaricación como delito genera un poco de confusión entre los juristas por la amplitud de lo que abarca. Representa una encrucijada del ordenamiento jurídico por lo difícil que resulta tipificarlo. Se trata de un concepto técnico compuesto de dimensiones que lo ubican en un ámbito no relativo de manera específica a la corrupción como comúnmente se quiere señalar sino al sometimiento del ejercicio de la función pública al estado de derecho y el principio de legalidad, lo que se pone de manifiesto en las decisiones y resoluciones dictadas por los funcionarios.

No obstante lo anterior, lo más importante es reiterar que el bien jurídicamente protegido es la función pública y que lo que se castiga es, por tanto, el ataque a las actividades o funciones y esencia misma del Estado, al orden público en sentido estricto o a garantías fundamental es de carácter individual. Se trata de un delito que tutela el derecho de la administración pública en su sentido de honestidad e imparcialidad.

En algunas legislaciones penales como en la de Colombia se encuentran de manera expresa dos tipos de prevaricación: Por acción y por omisión. En el caso dominicano no se establece de manera clara la prevaricación por omisión, sin embargo, como se castigan en el mismo libro del Código Penal relativo a crímenes y delitos contra la cosa pública situaciones como la denegación de justicia o de servicios legalmente debidos, se puede inferir que se encuentra implícito, puesto que todos los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, tomando en consideración el bien jurídicamente tutelado, constituyen una forma de prevaricación.

El prevaricador hace traición a su propia causa, ejerciendo las potestades que el cargo le confiere burlando el derecho.

Tuesday, June 6, 2017

SOBRE EL TINTADO DE LOS VIDRIOS

En ningún lugar en la ley sobre tránsito de vehículos se establece una prohibición y una sanción porque un automóvil tenga los vidrios oscurecidos o tintados. Lo que establece la ley respecto a los vidrios es únicamente que los vehículos que transiten por las vías públicas deben tener vidrios hechos con una sustancia inalterable, transparente e inastillable para que los objetos vistos a través de ellos no aparezcan deformados.

Esto es coherente con la prohibición de colocar en los parabrisas delanteros y laterales objetos que puedan obstruir la visibilidad del conductor, porque con ambas medidas lo que se pretende es que en modo alguno por elementos agregados se pueda comprometer la seguridad de las personas. Sin embargo, nada de esto da pie a interpretaciones forzadas y acomodaticias puesto que hay suficiente claridad para que se entienda que no se refiere a la visibilidad de peatones o personas desde afuera hacia dentro de un vehículo, sino específicamente a la de quien maneja, desde adentro hacia afuera.

Por lo anterior, constituye una arbitrariedad y un irrespeto al estado de derecho que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) pretenda impedir algo que la ley no prohíbe como el polarizado de los vidrios delanteros (y el popular fotogrey que impide ver hacia dentro del vehículo pero no causa obstrucción alguna al conductor) y establecer sanciones inventadas por ellos puesto que no están contenidas en texto alguno, violando uno de los más elementales principios del derecho que establece que no hay pena sin ley previa.

Y aunque hay personas que apoyan la práctica de la prohibición arbitraria porque entienden que el tintado puede ser usado por delincuentes para proteger su identidad y operar con ventajas, no se trata de si está bien o está mal el tema, se trata exclusivamente de que no está en la ley, por lo que si el jefe de AMET tiene un especial interés en que el polarizado de los vidrios frontales en los vehículos sea prohibido como de forma expresa lo prohíbe la legislación de tránsito en otros países, lo único que pueden hacer es promover una modificación de la normativa, pero no tiene autoridad alguna para disponer administrativamente lo que el legislador no ha establecido.

Thursday, June 1, 2017

SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS

El lavado tiene como fin la conversión del producto de una actividad ilícita en activos con vocación de mostrar un origen legítimo. Se trata de un delito de hábito, es decir, la combinación de una serie de actos que si se les toma aisladamente no son delictuosos en sí.

El interés de la precisión se relaciona con la competencia de las jurisdicciones que persiguen el hecho y con la prescripción de la acción pública, que comienza a contarse a partir del último acto que, unido a los anteriores, caracteriza el hábito.

La normativa requiere que el agente activo incurra en su actuación a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave, de lo que se desprende que el lavado de activos es un delito intencional y siempre conexo a otro crimen.

Por el elemento constitutivo expreso de la intención para la tipificación del delito es importante ubicar evidencia indiciaria que señale que en efecto la acción se ejecutó “a sabiendas”.

De su naturaleza conexa se colige que el lavado puede vincularse a todos aquellos delitos sancionados con una pena mayor a 3 años (infracciones graves), por lo que sólo puede ser una infracción correlativa a otro crimen preexistente.

Cual “pas de deux”, no es “lavador” el autor del ilícito principal en ausencia de un segundo y consciente colaborador. Por ejemplo, el funcionario que compra un inmueble con sumas desfalcadas sin que el vendedor sepa la procedencia del dinero es responsable de su desfalco más la acción de compra en sí misma no es lavado si el vendedor no tiene conocimiento y no es un segundo sujeto activo que conscientemente conviene en hacer la venta para legitimar recursos ilícitos.

El lavado de activos es un crimen complejo, pues una pluralidad de actos delictuosos es asumida con una idea de unidad de delito, y al mismo tiempo es un crimen flagrante, pues claramente tanto el encubrimiento como la ocultación vinculados al lavado son infracciones en las que por su naturaleza hay flagrancia en todo momento.

El autor puede ser cualquier persona física por su propia actuación o actuando a través de la dirección o administración de una persona moral y el legislador castiga la omisión tanto como la comisión en el encubrimiento u ocultación, ya que supone el deber cívico de todo ciudadano de participarlo en el acto a las autoridades.