LOS LINCHAMIENTOS

Los linchamientos se han hecho habituales en algunos países de América Latina, principalmente en Guatemala, Bolivia y México.  En República Dominicana se están haciendo cada vez más comunes y más brutales, producto de la pérdida paulatina de la capacidad de la gente de sorprenderse e indignarse antes cosas como esta.

Este fenómeno terrible sin dudas es consecuencia de una débil protección ciudadana y una frágil impartición de justicia.  Y este estado de indefensión lleva a grupos de personas a querer buscar auto tutela, apoyada comúnmente en la frase “justicia por sus propias manos”.

Es entendible la insatisfacción y la impotencia que muchos pueden sentir al ver como conocidos delincuentes son devueltos a las calles por el sistema, pero ello no puede conllevar a una ilegalidad aún mayor y que perpetúa públicamente patrones de agresividad, no sólo por un tema de Derecho y derechos, sino porque insensibiliza a la población ante el dolor ajeno y esta es la receta perfecta para crear personas violentas y fomentar el círculo vicioso.

Estos hechos, a pesar de que muchas veces son recogidos en detalle por testimonios, videos y fotos que hasta circulan en las redes sociales, tienen en común que quedan en la impunidad producto de un tácito pacto de silencio que evidencia, sino complicidad, al menos pasmosa pasividad de las autoridades llamadas a sancionar a los delincuentes.

Los linchamientos nada tienen que ver con “justicia social” o “derecho consuetudinario”.  Son puros asesinatos y deben ser perseguidos y castigados conforme a lo establecido por la ley. La multitud que lincha en grupo y sin proceso no sólo actúa con evidente cobardía, sino que por su comportamiento demuestra que es tan o más delincuente que aquél o aquellos que pretenden linchar.

La falta de intervención de policías y la falta de acción de un ministerio público que con pruebas tangibles elige no hacer nada para procesar personas que golpean, disparan, acuchillan y hasta queman, es algo atroz y vergonzoso.

Es necesario que las autoridades tomen acciones para frenar esta práctica condenable que impone sumarias condenas de muerte a personas que ni siquiera tienen la oportunidad de defenderse ante un tribunal y que será cada vez más frecuente por la falta de consecuencias.