Perros de asistencia para niños con discapacidad

Pronto inicia la construcción en el Distrito Nacional del primer albergue para animales en República Dominicana, gracias a la decisión y la sensibilidad de nuestro Alcalde Roberto Salcedo.

El albergue funcionará como hogar temporal para animales desamparados o en estado de necesidad.  Recibirán atención médica, alimentos y una vez estén en buenas condiciones de salud serán puestos en adopción para familias que deseen acogerlos. Será un espacio amplio para comodidad de los animales, visualmente atractivo para que niños y adultos visiten, servirá para que estudiantes de último año de veterinaria hagan pasantía y para que estudiantes de cuarto de bachillerato cumplan sus horas de labor colaborando con los animales.

En una primera etapa el albergue será principalmente para perros y gatos, con un espacio adicional para animales exóticos. No obstante, se está trabajando en la posibilidad de crear uno adicional para los caballos y otros animales más grandes.

Sin embargo, aún más innovador que el mismo albergue, único en el país, es un proyecto complementario que se llevará a cabo dentro de él. Se trata del entrenamiento, con ayuda de facilitadores españoles pioneros en el tema, de perros de asistencia para niños con discapacidad.

Los perros alojados en el albergue que reúnan las condiciones de edad, tamaño y salud para ello serán entrenados para convertirse en perros de asistencia para ayudar a niños con algún tipo de discapacidad y una vez estén preparados serán entregados a familias de escasos recursos que tengan niños con estas necesidades especiales.

En el caso de un niño con autismo, por ejemplo, el perro de asistencia sirve de ancla para evitar que en una crisis el niño escape o corra hacia el peligro, para evitar que baje de la acera y cruce la calle, para evitar que se agreda o agreda a otros, para evitar que terceros lo agredan, entre otras cosas que contribuyen de gran manera a la tranquilidad de padres y madres de niños especiales.

Es decir, este maravilloso albergue cumplirá dos funciones sociales de importancia capital para grupos muy vulnerables y desprotegidos: los animales en estado de indefensión y los niños con discapacidad.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional está haciendo historia con la puesta en marcha de este moderno plan y sin dudas se convertirá en este tema, como ya lo es en muchos otros, en referente para el resto de América Latina y El Caribe.

UNA LEY DE CAPITALIDAD

El Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, alberga casi un millón de personas, siendo la zona de mayor densidad del país y donde se realizan las actividades más importantes no sólo de los que viven allí sino también de los que van de tránsito, además de ser la sede del Gobierno central conforme a la Constitución.

La capital cuenta con espacios de invaluable prestigio mundial como la ciudad colonial, declarada por Unesco Patrimonio de la Humanidad. Tiene una amplia zona metropolitana y en general  una serie de condiciones que sin dudas le conceden una naturaleza distinta a los municipios, algo que fue reconocido en el 1952 por una Ley especial para el Distrito Nacional no. 3456.

Esto cambió en el 2007 con la aprobación de la Ley no. 176-07. La misma unifica el régimen legal del Distrito Nacional y los municipios y constituye una involución injusta, pues pretende que se trate con igualdad situaciones completamente desiguales. 

Es necesario retomar el tema que inspiró a los congresistas de hace 64 años a dar un tratamiento especial a la capital, ahora aún con más razones pues la adornan nuevas características de gran ciudad.

Requiere el Distrito legislación que dote a las autoridades de la ciudad de más autonomía y un mayor radio acción en su capacidad jurídica.  Temas como el tránsito, por ejemplo, no podrán ser solucionados por el Ayuntamiento si no tienen el control de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET); problemas como la inseguridad se podrían abordar mejor con un cuerpo policial a cargo de dichas autoridades (como ocurrió en New York, cuyo Jefe de la Policía depende directamente del Alcalde); la interrupción inmediata de acciones abusivas como construcciones ilegales se podría hacer sólo si existiese una ley que, a diferencia de la normativa vigente, no supedite la decisión a la larga espera en los tribunales, entre muchos otros ejemplos de interés para la colectividad.

Es urgente que los legisladores hagan un análisis serio de un tema que impactaría directamente a un millón de personas e indirectamente a casi toda la República Dominicana. Deben entender la imperiosa necesidad de una Ley de Capitalidad para el Distrito Nacional y abrir una discusión profunda en la que incluso podría determinarse elaborar un proyecto en el que se agregue a la ciudad de Santiago de los Caballeros en este régimen por su trascendencia política y económica y particulares condiciones.

La capital está cada vez mejor, pero el avance sería exponencial con una normativa especial.

PRIMER ALBERGUE PARA ANIMALES

La Declaración Universal de los Derechos del Animal del 23 de septiembre de 1977 parte de la situación de desprecio y maltrato que sufren los animales para establecer que los mismos tienen derecho al respeto, a existir, a la debida atención, cuidados y protección por parte del hombre, advirtiendo que este no puede atribuirse el derecho de exterminarlos o explotarlos. Incluso para los casos en que sea necesaria la muerte de un animal establece como exigencia que la manera de provocarla sea “instantánea, indolora y no generadora de angustia”.

Entre otras cosas la Declaración establece una obligación para las autoridades públicas de exigir que los derechos de los animales sean defendidos por leyes específicas, y en consonancia con esta disposición hay 65 países con leyes especiales de protección animal, 12 de los cuales están en el continente americano.

Aunque requirió de mucho tiempo y esfuerzo finalmente en el 2012 se promulgó en República Dominicana la Ley no. 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, con importantes disposiciones para prevenir y castigar el maltrato y la crueldad contra los animales en nuestro país.

Uno de los aspectos esenciales y más discutidos durante la elaboración de la ley era la necesidad de creación de albergues para que existiesen espacios disponibles como hogares temporales de numerosos animales y especialmente perros callejeros que se encuentran en condiciones deplorables por no tener un lugar en el que reciban cuidado y alimentos. Por ello, se estableció como una exigencia para cada Ayuntamiento habilitar un albergue, por entenderse que no requiere una cantidad importante de recursos en comparación con el trascendental problema que resolvería.

A pesar de estar en la ley, todos los Alcaldes del país ignoraron el tema con excepción del Alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, quien ubicó un espacio idóneo en la ciudad para estos fines, sostuvo reuniones con grupos que trabajan con animales para empaparse de información y no hacer algo improvisado, luego motivó al personal del Ayuntamiento a hacer propuestas de diseño de un buen albergue y en la actualidad se encuentra a pocas semanas de iniciar la construcción del primer y único albergue de animales en la República Dominicana.

Esto no sólo evidencia que el Alcalde está comprometido con el cumplimiento de la ley, sino que su nivel de interés y de involucrarse con el tema es una muestra clara de su sensibilidad y preocupación por la desprotección de seres vivos en estado de vulnerabilidad. Ojalá los demás se sientan inspirados por su noble ejemplo.

ENCUESTAS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING

La mayor parte de las firmas encuestadoras de reconocimiento mundial gozan de un prestigio que nunca arriesgarían por acomodar números en beneficio de quienes las hayan contratado, y menos aún en un país pequeño que en términos proporcionales representa un mercado poco significativo en el universo de sus clientes.

Las que han caído en la tentación de ser utilizadas como estrategia de marketing en lugar de instrumentos de medición han evidenciado conflictos y rupturas entre sus socios y acusaciones que han afectado de manera irreversible su credibilidad.

Un ejemplo es la antigua encuestadora Penn, Schoen & Berland que luego pasó a ser Penn & Schoen y en la actualidad ya sólo es Penn. La firma vaticinó que Barack Obama no tenía posibilidad de ser siquiera candidato para las elecciones de 2008 en Estados Unidos. En Venezuela pronosticó que Chávez perdería el referendo con una votación en contra del 59%, cuando en realidad ganó con una votación a su favor de 59%. En las elecciones presidenciales en dicho país, la firma señalaba que Chávez tenía un 53% mientras Rosales tenía el 47%. Al final Chávez terminó con 63% y Rosales con 37%.

En las elecciones de mayo de 2004 en República Dominicana la encuestadora pronosticó que el PRD obtendría 19%. El PRD obtuvo un 33%, es decir, 14 puntos por encima del pronóstico. En las elecciones de 2008 pronosticó que Miguel Vargas obtendría un 32%. Miguel Vargas obtuvo el 40.48%.

El propósito es evidente: alterar la apreciación de los votantes e influenciar en la opinión pública para crear lo que sociólogos y psicólogos llaman “Efecto Pigmalión”, que es una especie de profecía autocumplida, una expectativa infundada que incita a las personas a actuar en forma de hacer que algo que en principio no era cierto se convierta en una realidad.

En el actual escenario electoral lograr cambiar un panorama inconveniente es probablemente la motivación principal que tienen algunos medios para publicar desacertadas encuestas que dan a ciertos candidatos con buenos números y, aunque no los colocan en primeros lugares (sería excesivo el descaro), les otorgan niveles de popularidad que les darían un margen para librar la batalla.

Me parece peligroso para la democracia que algunos grupos de comunicación se presten al juego del manejo de la percepción y la proyección de una realidad a partir de una construcción mediática para favorecer intereses de los sectores empresariales que los sustentan.

Depende de nosotros los votantes decidir si seremos o no sus borregos.

PUBLICIDAD ENGANOSA EN DOMINICANA

Es práctica común en República Dominicana, incluso admitida por las autoridades del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), la alta incidencia de publicidad engañosa de parte de las empresas que venden productos y servicios utilizando información imprecisa en sus anunciospromocionales para llamar la atención de una potencial clientela de forma deshonesta.

De hecho, Proconsumidor reveló que en vísperas del “Viernes negro” de este 2015, por ejemplo, igual que en los 2 años anteriores, más del 30% de los establecimientos comerciales hicieron publicidad engañosa promoviendo ofertas a través de los medios de comunicación que eran radicalmente distintas cuando el cliente trataba de acceder a ellas.

En el país existe legislación clara para castigar la publicidad engañosa, popularmente conocida en Estados Unidos como “misleading”. Lo fundamental en esto es la Ley no. 358-05 sobre Protección al Consumidor que entre otras cosas obliga a los comerciantes y propietarios de los anuncios a realizar campañas promocionales con informaciones veraces, claras, oportunas, suficientes, verificables y escritas en el idioma español. Las promociones deben  tener bien preciso sus precios, peso, características, funcionamiento, calidad, origen, naturaleza y en general especificaciones que permitan a los consumidores elegir conforme a sus deseos y necesidades.

En cuanto a liquidaciones y ofertas especiales la ley es precisa en señalar que los negocios deben presentar la información sobre el plazo en que inician y terminan, el volumen de los artículos que se ofrecen, así como las condiciones, precios y ventajas. Por otro lado, el artículo 88 de la ley establece que “la publicidad, cualesquiera que sean los medios empleados, deberá ser compatible con las disposiciones que reprimen la competencia desleal, el dolo y el engaño”.

Además de la citada ley, en el 2014 Proconsumidor emitió una resolución específicamente sobre publicidad engañosa para frenar a comerciantes inescrupulosos que manejan la publicidad con mentiras para captar clientes prometiendo mucho más de lo que realmente están en condiciones de cumplir.

Los dominicanos estamos siendo víctimas del timo por muchos comerciantes desleales y manipuladores que irrespetan abiertamente el marco regulatorio del comercio nacional en busca de su propio beneficio personal y resulta urgente que Proconsumidor, que tiene todas las herramientas legales para hacerlo, juegue un rol mucho más activo en detener y sancionar esta ilegalidad que lamentablemente se ha vuelto tan habitual en nuestro país justamente porque, por lo general, quienes han incurrido en ella no han tenido hasta el momento grandes consecuencias.

MIGRACIÓN EN PAÍSES DEL CARICOM

Bahamas ha deportado en los últimos 7 meses  3,369 haitianos con métodos cuestionables  en el marco de los Derechos Humanos como el uso de jaulas para transportarlos. Además, algunos de estos deportados son menores de edad, en ciertos casos niños menores de 10 años que fueron detenidos y deportados solos y sin contacto con sus familiares.

Barbados también ha tenido un manejo duro respecto a los haitianos, evidenciado esto tras el terremoto cuando Estados Unidos le pidió que aceptara algunos heridos en sus hospitales públicos en calidad de refugiados y el Gobierno respondió "que ni 20, ni 5, ni 1 haitiano".

Jamaica recibió pedidos de refugio de algunos haitianos tras el terremoto y no sólo el Gobierno se negó sino que además en Marzo de 2010 deportó 67 que habían logrado entrar buscando protección luego de la tragedia.

Todos los países del CARICOM tienen leyes migratorias estrictas y algunos como Belice incluso la han endurecido para aumentar las multas a los empleadores y transportistas de indocumentados.

El caso de Guyana es muy particular puesto que, desde la mayoría de los países del CARICOM, se realizan redadas para detener inmigrantes de este país y deportaciones masivas, especialmente desde Barbados, Trinidad y Surinam. La situación con Trinidad y Tobago es tal que su Ministro Gary Griffit puso en lista de deportación a más de 110 mil inmigrantes, la mayoría haitianos.

En algunos de los países del CARICOM se han dado concesiones a inmigrantes para que tengan plazos para regularizarse, pero el plazo más largo, otorgado por St. Kitts en Enero de 2010, fue de apenas noventa (90) días.

Gran Cayman es similar con sus inmigrantes a los países citados, especialmente con haitianos, a los que vigilan cuidadosamente con drones predators para interceptarlos en el mar. Lo mismo ocurre con Turcas y Caicos, de quien el Daily Herald se quejó por las deportaciones indiscriminadas que hizo el año pasado de residentes legales a los que se les había vencido los permisos.

Ante estos ejemplos y muchos más de las prácticas migratorias de la mayoría de los países del CARICOM sorprende que el organismo cuestione a la República Dominicana en materia de Derechos Humanos y partiendo de premisas falsas, cuando en tantos otros países de la región ha existido numerosos  atropellos reales y verificables a inmigrantes en situación irregular, algo que en ningún momento ha ocurrido en nuestro país que ha sido sumamente respetuoso, y sobre ello no se ha producido denuncia alguna en los escenarios internacionales.

DIFAMACION NO ES LIBERTAD DE EXPRESION

La libertad de expresión no es sólo un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la mayoría de las constituciones del mundo, sino además una noble conquista de muchos hombres y mujeres que lucharon hasta con sangre por la libre difusión de las ideas y con ello el descubrimiento de la verdad.

Por ende, por tratarse de algo tan valioso, constituye una burla y un tremendo irrespeto que sea utilizada para justificar inconductas y delitos de prensa como la difamación y la injuria.

Defender la libertad de expresión no debe extenderse hasta permitir el descrédito o el atropello a reputaciones con alegaciones falsas o injuriosas en total impunidad. La moral y el honor de una persona cuestan mucho trabajo de construir y cuidar y no debe tener licencia individuo alguno para tratar de destruir esos valores sobre fundamentos falsos.

La ley dominicana es clara en castigar la difamación e injuria pero son pocos los casos que se llevan a los tribunales porque muchas de las víctimas prefieren la actitud de ignorar y con ello ahorrar el tiempo y el dinero que requiere iniciar y mantener una acción judicial. Sin embargo, aunque ello es entendible, perpetúa patrones difamadores que hacen mucho daño, no sólo por el atinado significado del refrán “difama que algo queda”, sino porque además crea un velo de impunidad que elimina todo elemento disuasivo y fomenta que cualquier roedor malsano y sin preparación que por alguna coyuntura tenga acceso a un medio de comunicación se atreva a decir lo que quiera de quien quiera sin consecuencias.

Los insultos, calumnias y enunciados perniciosos que a diario se manifiestan en medios locales, especialmente en televisión y radio, deben encontrar un muro de contención para evitar que sigan expandiéndose como una plaga. No sólo los afectados deben tomar cartas en el asunto e iniciar acciones concretas, sino además los dueños y directores de medios deben demostrar un compromiso con el ejercicio serio de la comunicación y cerrar los espacios de difusión a todo el que está dañando a otros con mentiras y en general haciendo un uso irresponsable del privilegio de dirigirse a un público.

La Constitución dominicana contempla la libertad de expresión como derecho fundamental, y en la misma lista contempla además otros derechos que deben coexistir en armonía y no son menos importantes: el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen de las personas.

COLEGIOS INCLUYENTES

En el año 2006 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 119 países han ratificado la Convención incluyendo República Dominicana en 2009, comprometiéndose con ello a que a toda persona con discapacidad le sea garantizado el derecho a la educación y a no ser excluido del sistema por su condición especial.

A pesar de esto, todavía 6 años más tarde y no obstante tener una Ley especial no. 5-13 para reasegurar lo establecido por la Convención, a una gran cantidad de niños y niñas con alguna condición especial se les niega el derecho a una educación de calidad e inclusiva, lo que sin dudas aumenta la tasa de abandono escolar.

Ante estos retos por superar que enfrenta la educación pública en República Dominicana, en el sistema privado han surgido un grupo de colegios que se han querido vender como la solución a este problema y que se autodenominan a sí mismos como “colegios incluyentes”. Sin embargo, una gran parte de ellos utilizan la denominación sólo como estrategia de mercadeo pero en la práctica no cuentan ni con la capacidad ni con la voluntad de manejar niños y niñas especiales.

Prueba de ello es que la mayoría de los presuntos “colegios incluyentes” tienen los llamados “cupos de inclusión” para niños con necesidades especiales, que generalmente es uno por aula y dos en casos excepcionales, y además de que apenas se trata de uno o dos niños los colegios le exigen a los padres que el niño vaya acompañado todos los días de una “maestra sombra”. Entonces, si un colegio no puede manejar uno o dos niños especiales por aula sin ayuda de una sombra, ¿bajo cuales parámetros esos colegios tienen la osadía de considerarse incluyentes?

Por otro lado, muchos de esos que tienen letreros en la entrada que dicen “educación inclusiva” y hasta anuncios publicitarios con ese lema realmente no aceptan todas las discapacidades en sus muy limitados “cupos de inclusión”, y en casos puntuales de niños dentro del espectro autista aclaran que sólo los reciben si el autismo es leve, excluyendo a una gran parte de los niños con esta condición.

No es obligatorio que los colegios sean incluyentes pero es una gran irresponsabilidad y una charlatanería que instituciones educativas que se presumen de prestigio difundan que son “colegios incluyentes” para quedar bien con la sociedad sin un entendimiento siquiera de lo que ello significa y con una absoluta incapacidad para garantizar una verdadera inclusión.

POR UN MAPA DE RD CORRECTO

Recuerdo cuando estaba en el colegio, probablemente como consecuencia de una mala costumbre arrastrada y repetida por décadas, los profesores cada vez que enseñaban o hacían referencia al mapa de la República Dominicana mostraban el mapa de la isla completa. 

Conversé con algunos jóvenes estudiantes de escuelas y colegios del país y me confirman que esto sigue exactamente igual y que ya por esa práctica común hasta ellos de forma automática, cuando tienen que dibujar el mapa por alguna asignación, lo dibujan con los dos países.

Esto es algo sui generis en el mundo toda vez que no es usual que los países incluyan en sus mapas a los fronterizos.  Por ejemplo, no es la regla, cuando uno busca mapas de Canadá, encontrarlos con Alaska incluido. Sin embargo, en nuestro país es tan habitual que hasta en las tiendas de souvenirs donde venden artículos promocionales de República Dominicana, vasitos, tazas, camisetas, postales, dijes, lapiceros y demás, en casi todos los casos se vende el típico “I love RD” pero con el mapa de toda la isla, incluyendo a Haití.

De hecho, hasta en la parte trasera de las mascotas para apuntes que se utilizan en el sistema educativo local también aparece como mapa dominicano la imagen de la isla con los dos países, y cuando uno hace una búsqueda en algún motor popular de internet como Googleingresando la frase “mapa de República Dominicana” la inmensa mayoría de los mapas que resultan tienen esta misma particularidad y los pocos que no la tienen están desactualizados y les faltan algunas provincias.

Dudo que, al menos en la generalidad de los casos, se trate de algo premeditado o malintencionado, pero lo cierto es que este error tan frecuente que para muchos pasa desapercibido es causal de peligrosas confusiones y distorsiones sobre la verdadera identidad nacional en nuestros estudiantes y no debería perpetuarse bajo la excusa de que es algo inocente.

Por esto propongo una campaña de concienciación nacional por un mapa de República Dominicana correcto, que usemos las redes sociales para difundir hasta el cansancio imágenes del mapa dominicano real, que usemos el hashtag #porunmapadeRDcorrecto, que hablemos con los profesores de nuestros hijos, que pidamos a nuestros hijos hablar con sus maestros y que solicitemos al Ministerio de Estado de Educación que envíe una comunicación a las escuelas y colegios del país pidiéndoles que corrijan este mal hábito. Es una manera poco controversial pero muy importante de contribuir con la patria.

POBRES PADRES DE FAMILIA

La semana pasada estaba en mi vehículo cruzando el semáforo de la Winston Churchill con 27 de Febrero y luego de cruzar, en la Churchill llegando a la Paseo de Los Locutores, una agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) se me acerca y me pide que le entregue mi licencia y demás papeles.  Cuando le pregunto sus motivos me dice: “Usted y aquél carro de concho se fueron en rojo”.  Yo le respondo: “Eso no es cierto, estoy segura que fue en luz amarilla, sin embargo, digamos que usted tiene razón.  Si me acaba de decir que tanto el carro de concho como yo cometimos la misma presunta infracción,¿por qué usted o la otra agente que está allí recostada del árbol no le pidieron también a ese conductor sus documentos?”.  La respuesta de la joven me dejó estupefacta, no porque desconociera esa forma ilegal y arbitraria de proceder de los agentes de Amet, sino porque no pensé que alguno fuese capaz de admitirlo en voz alta como ella lo hizo cuando dijo: “Porque él es un pobre padre de familia”.

Inmediatamente pensé en mi hija, una niña de carne y hueso al igual que los posibles hijos de los que conducen carros de concho y con las mismas necesidades que cualquier otro niño.  También pensé en los hijos de taxistas, de choferes privados, de policías, de empleados de un banco, de secretarias, de servidores públicos, de maestros, de enfermeras, de militares, de médicos, de artistas y de una inmensa cantidad de dominicanos que probablemente ganan menos que los más de 30,000 pesos mensuales que produce en 15 días el que maneja un carro de concho de acuerdo a un estudio que publicó recientemente el Diario Libre, pero que, como no “conchan”, no son incluidas dentro de esa exclusiva categoría humana especial de “Pobres Padres de Familia” que goza de inmensos privilegios toda vez que el título se invoca para consentir excepciones al cumplimiento de las reglas y la aplicación de la ley.

Ya está bueno de permitir que se cometan atropellos en nombre de un título que debería extenderse a todo el que está trabajando por mantener y cuidar una familia, independientemente de su poder adquisitivo o nivel social.  Es mejor padre de familia el que está cumpliendo con sus obligaciones parentales y dando un buen ejemplo a sus hijos que muchos conductores de concho que, mientras sus niños andan desatendidos, gastan su dinero en apuestas o en bebidas alcohólicas y la sociedad no los debe premiar con un inmerecido trato especial.

MEDIR EL RATING

Una polémica antigua ha retomado interés a nivel mediático en los últimos días a partir de comentarios y dudas externadas al respecto por importantes figuras públicas del país: la manera en la cual se realizan las mediciones de rating en la televisión dominicana.

Las mediciones del consumo televisivo de la audiencia local minuto a minuto resultan de vital interés para los productores y para las agencias publicitarias porque de ello depende en gran medida la colocación de comerciales, fuente esencial de financiamiento de los programas.

El sistema utilizado aquí es con un aparato electrónico llamado People Meter que se coloca en una muestra de hogares (de pocos cientos en todo un país de casi diez millones de habitantes) seleccionada por sorteo y presuntamente con una metodología estadística rigurosa. Se supone que cada miembro del hogar debe pulsar un botón para ser habilitado como espectador y el aparato mide los tiempos de permanencia y cambios de canal, información que es enviada a una oficina matriz que la procesa.

Algunas personas de los medios de comunicación en el país han hecho cuestionamientos al sistema, pidiendo que sea evaluado y planteando la posibilidad de realizar auditorías. Eso ha ocurrido también en otros países como Argentina, donde el Gobierno está tomando cartas en el asunto y anunció la puesta en marcha de un sistema federal de medición de audiencias más abarcador y que goza de un amplio apoyo general, especialmente de la clase artística. De hecho en Argentina, donde al igual que aquí sólo existe una empresa medidora de rating, hubo una admisión por parte de la empresa de errores técnicos ocasionales que afectaban los datos publicados, lo que movió a las autoridades a tomar medidas.

También en México el tema ha sido tan controversial que motivó al ejecutivo a dictar un reglamento a la ley orgánica de comunicación destinado a establecer un método más preciso para medir el rating, sometiendo incluso a las empresas privadas a la regulación de un consejo creado para esos fines y estableciendo la posibilidad de que el método, su aplicación y los resultados puedan ser auditados en cualquier momento.

En un mundo en constante ebullición, las mediciones de rating también necesitan renovarse y ajustarse a los nuevos tiempos para poder garantizar cada vez menos posibilidades de errores que puedan distorsionar un negocio tan importante para el público y que mueve tanto dinero. Ojala también existan incentivos en República Dominicana para que en un sector tan crucial se pueda generar competencia.

DELINCUENCIA HAITIANA EN DOMINICANA

Hasta hace poco, apenas 4 o 5 años, al margen de las posiciones encontradas respecto al tema de la migración haitiana hacia nuestro país, no era un tema de debate la delincuencia cometida por haitianos en territorio dominicano porque era prácticamente inexistente.  Estas personas venían a trabajar, a buscar servicios de salud y condiciones básicas para vivir que no encontraban en Haití, de forma tímida y clandestina y generalmente evitando cualquier clase de situación conflictiva que provocase ruido.

Esto ha cambiado radicalmente. Al día de hoy, regiones como el sur completo se encuentran azotadas por los actos vandálicos de haitianos que delinquen.  

En Bahoruco, por ejemplo, el Presidente de la corriente de Abogados Dignidad Jurídica, José Antonio Vargas, denunció que en ciertas ocasiones hasta ha tenido que intervenir  para evitar agresiones físicas en contra de personas indefensas de parte de las turbas que integran los haitianos que se dedican a cometer acciones reñidas con las leyes dominicanas.

Entre atracos, asesinatos, estupros, balaceras, robo de ganado y sustracción de objetos, se ha vuelto pan de cada día la comisión de delitos por parte de haitianos en el sur y en otros lugares del país cerca de la frontera como la provincia de Dajabón, cuyos habitantes han hecho numerosas quejas por estas razones.

Según los datos preliminares y muy conservadores de los organismos de seguridad, en el sur del país al menos uno de cada tres actos delincuenciales es cometido por haitianos. 

Y para la Policía Nacional es mucho más difícil y delicado hacer su trabajo de prevención y persecución del delito cuando se trata de haitianos, pues tienen que manejarse con guantes de seda para intentar algo que es prácticamente imposible: que no les llamen racistas y xenófobos.

Mientras tanto, miles de delincuentes haitianos, algunos de los cuales incluso fueron condenados en su país y escaparon de prisión, tienen en zozobra a Neyba, a Barahona, a Jimaní, a Elías Piña, a San Juan, a Pedernales, a Ocoa y muchos otros lugares más, cada vez más afianzados, desafiantes y con mayor impunidad.

Parece una guerra silente y un aprovechamiento abusivo de la lástima que por razones humanitarias muchos sienten por los ciudadanos que emigran de un país inviable, pero negociando con la pena, la bondad y la solidaridad del vecino, estos delincuentes se están convirtiendo en un gran peligro para la República Dominicana.

ATENTADO A LA INTIMIDAD

La ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar juega un papel decisivo en el avance y desarrollo de la sociedad dominicana, especialmente como herramienta de protección a las mujeres.  Pero la misma no sólo abarca los temas comunes que casi todos conocen de ella, como el castigo a los maltratos físicos, al abuso verbal o a las agresiones sexuales, sino que comprende un amplio compendio de acciones que afectan a las personas de maneras distintas y que deben ser sancionadas con similar firmeza.

Por ejemplo, una parte poco discutida de la normativa pero de extrema importancia para cumplir sus propósitos de protección es lo relativo a los atentados contra la personalidad y dignidad de las personas, contenido en el párrafo tres. 

En el conjunto de artículos de este párrafo hay varios muy significativos que pretenden prevenir y sancionar la discriminación en todas sus formas y por diferentes vías, pero la parte más trascendental en este articulado es quizás la más desconocida: los castigos para los atentados a la intimidad de la vida privada.

De acuerdo a la expresamente establecido en la ley, se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada, señalando de manera manifiesta a la o las personas que lleven a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes: Capten, graben o transmitan, sin el consentimiento de su autor, palabras pronunciadas de manera privada o confidencial; y, capten, graben o transmitan, sin su consentimiento, la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado.

Se castiga también con la misma pena el hecho de conservar, llevar o dejar llevar a conocimiento del público o de un tercero, o utilizar, de cualquier manera que sea, toda grabación o documento obtenido con ayuda de uno de los actos señalados.

Esto en cónsono con el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Es necesario que esto sea entendido, especialmente por ex conyugues que creen poder utilizar estos mecanismos para hacer daño a su antigua pareja, ignorando que, al igual que los golpes, son actos de violencia sancionados con prisión y por tratar de ser más “vivos” de la cuenta fácilmente pueden pasarse un buena temporada en una cárcel dominicana.

DONANTE PRESUNTO

Varios de los órganos de un fallecido pueden ser donados.  Entre ellos riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, hueso, médula ósea y córnea.

Aunque en República Dominicana tenemos una Ley vigente de trasplante y donación de órganos, no. 329 de 1998, la misma establece que para ser donante hay que manifestarlo expresamente, lo que evidentemente limita la donación en un país donde no hay promoción y cultura arraigada para ello ni suficiente información sobre cómo donar.

Se realizan trasplantes en los que el donante está vivo, pero la mayoría son donaciones cadavéricas. De las personas que mueren en una clínica u hospital, un porcentaje poco significativo está en verdad físicamente apto para donar ya que una persona que muere puede ser donante si ha tenido una muerte cerebral, si no tiene infecciones ni enfermedades y si cuenta con órganos sanos, y del total de muertes en el país el porcentaje de casos en los que se cumplen todos estos requisitos es menor al 5%.

Si a eso le agregamos la necesidad de que al médico se le indique rápido si hay autorización manifiesta para donar los órganos, resulta lógica la cifra tan baja de donantes en República Dominicana y la cantidad de personas que mueren en espera de trasplantes.

Esto así, porque los órganos deben usarse en un periodo crítico de horas para aumentar las probabilidades de que ejecuten una buena función y a la larga tengan durabilidad. Incluso hay órganos como el corazón que deben colocarse casi de forma inmediata porque su preservación es más difícil y costosa.

Como esta situación era común en otros países del mundo, lugares como Uruguay y Venezuela decidieron tomar cartas en el asunto para evitar muertes innecesarias de personas que se hubiesen salvado si hubieran recibido un órgano a tiempo y modificaron sus leyes de donación de órganos para crear la figura del “donante presunto” y/o la “donación universal”. Esto lo que contempla es la presunción de que todos los mayores de edad son donantes a menos que en vida hayan expresado formalmente lo contrario, algo que sin dudas aumentará la cifra de donación cadavérica en esos países, en beneficio de muchos enfermos.

Esta idea debería ser analizada por el legislador dominicano como una opción ante un tema del que se habla poco pero que es de vital importancia porque puede salvar vidas.  No es una propuesta controversial, no es conflictiva y sin embargo su aplicación podría ser casi milagrosa.

LA CASTIDAD ES UNA ABERRACION SEXUAL

A raíz de tantas denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, es necesario iniciar debates serios sobre temas como la castidad y el celibato y su vínculo con estas desviaciones. 

En tal sentido, dos obispos belgas han planteado que acabar con la obligatoriedad del celibato podría evitar aberraciones como las denunciadas por centenares de fieles, y que las personas para las que el celibato resulta humanamente imposible también deberían poder ser sacerdotes.

Las razones de estas imposiciones no son tan bíblicas ni divinas. Por ello el Papa Juan Pablo II declaró en 1993 que "el celibato no es esencial para el sacerdocio; no es una ley promulgada por Jesucristo."

Jesús nunca pidió a los apóstoles dejar a sus mujeres.  Casi todos eran casados, al igual que Pedro, el primer Papa. Hay razones eminentemente económicas para la Iglesia ya que no es igual mantener a uno, que a éste, su mujer e hijos, agregando al escenario los derechos sucesorales. Por esto en el Siglo VI el Papa Pelagio II fue más honesto con el tema y tuvo como política no meterse con sacerdotes casados mientras no pasaran la propiedad de la Iglesia a sus esposas o hijos.

La castidad y el celibato no siempre han sido regla en la Iglesia católica.En el Siglo VII en Francia los documentos demuestran que la mayoría de los sacerdotes eran casados y luego en el Siglo VIII en Alemania San Bonifacio informa al Papa que en ese país casi ningún obispo o sacerdote es célibe.

En el Siglo IX, el Concilio de Aix-la-Chapelle admite que en los conventos y monasterios se han realizado abortos e infanticidio para encubrir las actividades sexuales de los clérigos. Por cosas como esta es que obispos como San Ulrico argumentaron que la única manera de purificar a la Iglesia de los excesos del celibato es permitir a los sacerdotes que se casen.

A pesar de que el Concilio de Trento del Siglo XVI establece que el celibato y la virginidad son superiores al matrimonio, en 1930 el Papa Pío XI afirmó que  el sexo puede ser bueno y santo.

Psicoanalistas como Franz Alexander y Sheldon Selesnick concluyeron que la abstinencia forzosa promueva el aborrecimiento del sexo normal y por ende estimula prácticas sexuales anormales y degeneradas. La castidad es un esfuerzo por contener el instinto natural y la represión de los instintos conlleva a su expresión por descargas sustitutas.

Hay que soltar la hipocresía y debatir con seriedad el tema.

LOS LINCHAMIENTOS

Los linchamientos se han hecho habituales en algunos países de América Latina, principalmente en Guatemala, Bolivia y México.  En República Dominicana se están haciendo cada vez más comunes y más brutales, producto de la pérdida paulatina de la capacidad de la gente de sorprenderse e indignarse antes cosas como esta.

Este fenómeno terrible sin dudas es consecuencia de una débil protección ciudadana y una frágil impartición de justicia.  Y este estado de indefensión lleva a grupos de personas a querer buscar auto tutela, apoyada comúnmente en la frase “justicia por sus propias manos”.

Es entendible la insatisfacción y la impotencia que muchos pueden sentir al ver como conocidos delincuentes son devueltos a las calles por el sistema, pero ello no puede conllevar a una ilegalidad aún mayor y que perpetúa públicamente patrones de agresividad, no sólo por un tema de Derecho y derechos, sino porque insensibiliza a la población ante el dolor ajeno y esta es la receta perfecta para crear personas violentas y fomentar el círculo vicioso.

Estos hechos, a pesar de que muchas veces son recogidos en detalle por testimonios, videos y fotos que hasta circulan en las redes sociales, tienen en común que quedan en la impunidad producto de un tácito pacto de silencio que evidencia, sino complicidad, al menos pasmosa pasividad de las autoridades llamadas a sancionar a los delincuentes.

Los linchamientos nada tienen que ver con “justicia social” o “derecho consuetudinario”.  Son puros asesinatos y deben ser perseguidos y castigados conforme a lo establecido por la ley. La multitud que lincha en grupo y sin proceso no sólo actúa con evidente cobardía, sino que por su comportamiento demuestra que es tan o más delincuente que aquél o aquellos que pretenden linchar.

La falta de intervención de policías y la falta de acción de un ministerio público que con pruebas tangibles elige no hacer nada para procesar personas que golpean, disparan, acuchillan y hasta queman, es algo atroz y vergonzoso.

Es necesario que las autoridades tomen acciones para frenar esta práctica condenable que impone sumarias condenas de muerte a personas que ni siquiera tienen la oportunidad de defenderse ante un tribunal y que será cada vez más frecuente por la falta de consecuencias.

MUERTE POR CORRUPCION

A muchos dominicanos llaman la atención noticias como que el ex ministro chino de Ferrocarriles Liu Zhijun ha sido condenado a pena de muerte tras ser declarado culpable de corrupción o que un tribunal en Irán condenó a muerte a cuatro personas por malversación de fondos en el marco de un fraude bancario.

La sorpresa es lógica en un país en el que ni siquiera condenas benignas son habituales en casos de conocidos corruptos y contrasta con tantos otros lugares en los que la corrupción es un crimen de tal envergadura que se sanciona con cadena perpetua o con la muerte, pero más aún, donde los castigos morales de la sociedad por el deshonor que esto significa conllevan a muchos cuestionados incluso a quitarse su propia vida.

La historia reciente está llena de ejemplos. El ex presidente taiwanés Chen Shui-bian, que protagonizó la primera transición democrática en Taiwán con su política independentista, intentó suicidarse en la celda donde se encuentra encarcelado por corrupción.

El antiguo viceministro del Interior griego Leonidas Tzanis, cuyo nombre figura en una lista de 36 políticos y cargos públicos que están siendo investigados por la Brigada de Delitos Financieros de Grecia por presunta corrupción, se ahorcó en su propia casa.

Roh Moo-hyun, presidente de Corea del Sur entre 2003 y 2008, se suicidó en plena investigación de un escándalo por supuestos sobornos millonarios durante su mandato.

El ex primer ministro rumano Adrian Nastase intentó suicidarse con un disparo tras confirmarse su condena a dos años de cárcel por corrupción.

El ministro de Agricultura japonés Toshikatsu Matsuoka murió por suicidio horas antes de que compareciera ante el parlamento para responder a las preguntas sobre irregularidades en los libros contables que manejaba.

El portavoz del banco italiano Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, sesuicidó debido a que había sido involucrado en el escándalo decorrupción por el que es indagado ese instituto.

La ex ministra polaca Barbara Blida, que formó parte como titular de Construcción en los gobiernos que siguieron a la caída del Comunismo, suicidó en su casa mientras la policía registraba su domicilio por orden de la fiscalía de Katowice por denuncias de corrupción.

No es que pretenda con estos ejemplos hacer sugerencias, sino puntualizar que muchos casos revelan que hay lugares en los que, a diferencia de aquí, ser corrupto es algo tan vergonzoso que algunos prefieren perder la vida antes que dar la cara ante la población de cuyo dinero disponen.