Publicado en el periódico EL CARIBE en 30-10-08
Algunas iniciativas legislativas controversiales hacen a los dominicanos dudar respecto a la coherencia en el discurso de ciertos congresistas llamados por su función a representarlos.
En el 2007 fue introducido en la Cámara de Diputados un cuestionable proyecto de Ley de Interceptación Aérea y Marítima que propone el hundimiento de embarcaciones y el derribo de aviones que circulen en territorio dominicano sin autorización, como parte en principio del plan de lucha contra el narcotráfico.
Esto significaría la destrucción de naves en las que hay al menos una persona dentro, lo que implica lógicamente la decisión de matar a ese o esos ocupantes sin un juicio previo y sin la posibilidad de una defensa.
Es decir que, mientras en el país se ha planteado en ocasiones la posibilidad de modificar la legislación penal para instaurar entre las sanciones la pena de muerte y en dicho debate siempre ha ganado la postura contraria, unos congresistas pretenden legalizar la muerte expedita de seres humanos que ni siquiera tendrían el derecho, en este retorcido esquema, a ser juzgados.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, perimió en el Senado y posteriormente fue reintroducido en la Cámara, donde espera por una segunda lectura luego de haber recibido el voto favorable en la primera. A pesar de esto, el proyecto ha sido rechazado por comunicadores, juristas, un grupo de legisladores conscientes y hasta las autoridades norteamericanas han enviado al país cartas contentivas de amenazas por el tema.
La aprobación del desafortunado proyecto de ninguna manera debería ser considerada por los legisladores, pero no por presiones internacionales como la advertencia norteamericana de eliminar una mal llamada cooperación o una presunta asistencia al país, sino por las indiscutibles violaciones de Derechos Humanos que se pretende legitimar.
El proyecto confiere un discrecional poder de decisión sobre la vida de otros a miembros de ineficaces instituciones que se traduce en una de las mayores injusticias propuestas en los últimos años, toda vez que nadie ha podido dar una respuesta satisfactoria a las preguntas ¿Qué reciedumbre moral ha demostrado la autoridad dominicana para decidir quién merece morir? ¿Qué garantías tiene la gente de que la decisión del derribo de un avión se tomará basada, únicamente, en razones objetivas y al margen de intereses personales o intereses políticos? ¿Por qué se debe regalar la facultad de jugar con el fundamental Derecho a la vida a representantes de un sistema que se ha probado demasiadas veces corrompido y deficiente?
La lucha contra el narcotráfico únicamente sería efectiva si hubiese voluntad política. Mientras, propuestas como ésta sólo lograrían otros fines y no siempre en beneficio del interés colectivo.
En el 2007 fue introducido en la Cámara de Diputados un cuestionable proyecto de Ley de Interceptación Aérea y Marítima que propone el hundimiento de embarcaciones y el derribo de aviones que circulen en territorio dominicano sin autorización, como parte en principio del plan de lucha contra el narcotráfico.
Esto significaría la destrucción de naves en las que hay al menos una persona dentro, lo que implica lógicamente la decisión de matar a ese o esos ocupantes sin un juicio previo y sin la posibilidad de una defensa.
Es decir que, mientras en el país se ha planteado en ocasiones la posibilidad de modificar la legislación penal para instaurar entre las sanciones la pena de muerte y en dicho debate siempre ha ganado la postura contraria, unos congresistas pretenden legalizar la muerte expedita de seres humanos que ni siquiera tendrían el derecho, en este retorcido esquema, a ser juzgados.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, perimió en el Senado y posteriormente fue reintroducido en la Cámara, donde espera por una segunda lectura luego de haber recibido el voto favorable en la primera. A pesar de esto, el proyecto ha sido rechazado por comunicadores, juristas, un grupo de legisladores conscientes y hasta las autoridades norteamericanas han enviado al país cartas contentivas de amenazas por el tema.
La aprobación del desafortunado proyecto de ninguna manera debería ser considerada por los legisladores, pero no por presiones internacionales como la advertencia norteamericana de eliminar una mal llamada cooperación o una presunta asistencia al país, sino por las indiscutibles violaciones de Derechos Humanos que se pretende legitimar.
El proyecto confiere un discrecional poder de decisión sobre la vida de otros a miembros de ineficaces instituciones que se traduce en una de las mayores injusticias propuestas en los últimos años, toda vez que nadie ha podido dar una respuesta satisfactoria a las preguntas ¿Qué reciedumbre moral ha demostrado la autoridad dominicana para decidir quién merece morir? ¿Qué garantías tiene la gente de que la decisión del derribo de un avión se tomará basada, únicamente, en razones objetivas y al margen de intereses personales o intereses políticos? ¿Por qué se debe regalar la facultad de jugar con el fundamental Derecho a la vida a representantes de un sistema que se ha probado demasiadas veces corrompido y deficiente?
La lucha contra el narcotráfico únicamente sería efectiva si hubiese voluntad política. Mientras, propuestas como ésta sólo lograrían otros fines y no siempre en beneficio del interés colectivo.
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