Publicado en el periódico EL CARIBE en 13-11-08
Numerosas protestas y manifestaciones se han llevado a cabo en las últimas semanas en distintas comunidades de nuestro país en razón del malestar que provocan las constantes interrupciones del servicio de suministro de energía eléctrica.
Muertos y heridos por esta razón hacen cuestionar seriamente la capacidad gubernamental de resolver la dificultad y contener esta complicada situación. Por la misma razón, las expectativas de que se produzca por esto mismo un estallido social de grandes proporciones son muy altas en este momento.
Diversos sectores de la sociedad dominicana han hecho propuestas de peso al gobierno para tratar de trabajar una crisis que no es nueva pero que indiscutiblemente se ha agravado en la presente gestión. Entre ellos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), por ejemplo, presentó recientemente un documento contentivo de ideas para la estabilización del sistema energético nacional.
Las autoridades gubernamentales, sin embargo, en lugar de ser receptivos ante las propuestas, han preferido seguir culpando al gobierno anterior, que terminó hace más de cuatro años, de éste y muchos otros problemas que castigan actualmente a la población dominicana.
El gobierno se declara insolvente para saldar una deuda de US$485 millones por compra de energía. Contrasta, la situación financiera que se presenta a los generadores, con intenciones del Poder Ejecutivo de granjearse recursos para llevar a cabo proyectos que están muy lejos de ser prioritarios para el país.
Ejemplos sobran, tales como la innecesaria segunda línea del Metro o incluso la iniciativa, ya aprobada en el Congreso, relativa a un acuerdo de préstamo suscrito con el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social y la empresa aeronáutica brasileña Embraer para la compra de 8 aviones Súper Tucano por un monto 93.8 millones de dólares.
En este último ejemplo, dicho endeudamiento, además de encontrarse envuelto en un ambiente enrarecido con rumores de sobornos, enfrentamientos entre congresistas y protestas esporádicas, no es un asunto prioritario para el país y es, incluso, de dudosa eficacia en una verdadera lucha contra el narcotráfico.
Concomitantemente, ante la indiferencia de las autoridades a cargo de su solución, los “apagones” van imponiendo vergonzosas consecuencias en la vida, la economía, la educación y en toda la cotidianidad productiva social y personal de los ciudadanos de un país que se pretende “en desarrollo”.
Tal vez se trate de incapacidad, de falta de lucidez, claridad o voluntad. Tal vez, se trate de una cuestión de intereses. Pero si sopesamos la eficiencia gubernamental y congresual en obtener fondos para compra de aviones y la comparamos con la incompetencia para la solución de la crisis energética, las conclusiones pueden ser otras, con un carácter aún más deshonroso.
Muertos y heridos por esta razón hacen cuestionar seriamente la capacidad gubernamental de resolver la dificultad y contener esta complicada situación. Por la misma razón, las expectativas de que se produzca por esto mismo un estallido social de grandes proporciones son muy altas en este momento.
Diversos sectores de la sociedad dominicana han hecho propuestas de peso al gobierno para tratar de trabajar una crisis que no es nueva pero que indiscutiblemente se ha agravado en la presente gestión. Entre ellos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), por ejemplo, presentó recientemente un documento contentivo de ideas para la estabilización del sistema energético nacional.
Las autoridades gubernamentales, sin embargo, en lugar de ser receptivos ante las propuestas, han preferido seguir culpando al gobierno anterior, que terminó hace más de cuatro años, de éste y muchos otros problemas que castigan actualmente a la población dominicana.
El gobierno se declara insolvente para saldar una deuda de US$485 millones por compra de energía. Contrasta, la situación financiera que se presenta a los generadores, con intenciones del Poder Ejecutivo de granjearse recursos para llevar a cabo proyectos que están muy lejos de ser prioritarios para el país.
Ejemplos sobran, tales como la innecesaria segunda línea del Metro o incluso la iniciativa, ya aprobada en el Congreso, relativa a un acuerdo de préstamo suscrito con el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social y la empresa aeronáutica brasileña Embraer para la compra de 8 aviones Súper Tucano por un monto 93.8 millones de dólares.
En este último ejemplo, dicho endeudamiento, además de encontrarse envuelto en un ambiente enrarecido con rumores de sobornos, enfrentamientos entre congresistas y protestas esporádicas, no es un asunto prioritario para el país y es, incluso, de dudosa eficacia en una verdadera lucha contra el narcotráfico.
Concomitantemente, ante la indiferencia de las autoridades a cargo de su solución, los “apagones” van imponiendo vergonzosas consecuencias en la vida, la economía, la educación y en toda la cotidianidad productiva social y personal de los ciudadanos de un país que se pretende “en desarrollo”.
Tal vez se trate de incapacidad, de falta de lucidez, claridad o voluntad. Tal vez, se trate de una cuestión de intereses. Pero si sopesamos la eficiencia gubernamental y congresual en obtener fondos para compra de aviones y la comparamos con la incompetencia para la solución de la crisis energética, las conclusiones pueden ser otras, con un carácter aún más deshonroso.
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