Publicado en el periódico EL CARIBE en 20-11-08
Desde hace mucho tiempo, ha cautivado la atención de los medios la forma en que ciertos lugares de entretenimiento se reservan el derecho de admisión, por entender que ello conlleva una presunta violación a la igualdad.
Con frecuencia se realizan reportajes, artículos y hasta manifestaciones para protestar contra la política de bares y discotecas de impedir la entrada a algunas personas sin un criterio claro. La queja envuelta en la protesta es una supuesta discriminación y con ello un atentado al Derecho a la Igualdad.
No siempre, sin embargo, se ha enfocado el tema con rigor jurídico. Por ejemplo, resulta interesante tratar lo relativo a la discriminación o los privilegios, pero también sería prudente enfocar lo relativo a los derechos que derivan de la propiedad privada o al hecho de que bailar en un club o consumir alcohol no son servicios públicos, básicos ni imprescindibles.
Lo anterior contrasta con una situación alarmante y de clara violación a la igualdad que afecta un servicio fundamental, que proviene desde el mismo Estado pero que nunca ha despertado el interés de los medios ni de los que se han dedicado a hablar del tema de las discotecas. Se trata de la discriminación que se produce en los palacios de justicia al prohibir la entrada a ciertas personas por su vestimenta, restringiendo con ello su acceso a la justicia.
Lamentablemente, la mayoría de los dominicanos son pobres. Peor todavía, una gran parte vive en una situación de pobreza tan extrema, que a veces no tiene idea si podrá comer en los próximos días y menos aún la posibilidad de comprar ropa.
No obstante, todos los días se impide entrada a los tribunales del país a personas que llegan en tenis, sandalias, hombros descubiertos o quizás un pantalón a media pierna, independientemente de la alta probabilidad de que esa sea la única ropa que esas personas tienen y por su posición económica no tienen alternativas ante esta situación.
Es decir, a pesar de que el acceso a la justicia y la gratuidad judicial están garantizados para todos los dominicanos por la Constitución sin hacer excepciones, agentes de seguridad en los tribunales, fundamentados en órdenes superiores que vienen de la misma cabeza del Poder Judicial, cercenan estos derechos sin prurito. Se produce entonces una discriminación por posición económica y con ello, por tanto, una indiscutible violación al valor, principio y Derecho Fundamental que constituye la Igualdad.
Ojala que en lugar de perder tiempo en un tema tan superficial como quién entra o no a una discoteca, se dedique atención a esta situación tan penosa que está impidiendo a diario que muchos dominicanos puedan acceder a la justicia. Sería de gran ayuda para el bienestar colectivo.
Con frecuencia se realizan reportajes, artículos y hasta manifestaciones para protestar contra la política de bares y discotecas de impedir la entrada a algunas personas sin un criterio claro. La queja envuelta en la protesta es una supuesta discriminación y con ello un atentado al Derecho a la Igualdad.
No siempre, sin embargo, se ha enfocado el tema con rigor jurídico. Por ejemplo, resulta interesante tratar lo relativo a la discriminación o los privilegios, pero también sería prudente enfocar lo relativo a los derechos que derivan de la propiedad privada o al hecho de que bailar en un club o consumir alcohol no son servicios públicos, básicos ni imprescindibles.
Lo anterior contrasta con una situación alarmante y de clara violación a la igualdad que afecta un servicio fundamental, que proviene desde el mismo Estado pero que nunca ha despertado el interés de los medios ni de los que se han dedicado a hablar del tema de las discotecas. Se trata de la discriminación que se produce en los palacios de justicia al prohibir la entrada a ciertas personas por su vestimenta, restringiendo con ello su acceso a la justicia.
Lamentablemente, la mayoría de los dominicanos son pobres. Peor todavía, una gran parte vive en una situación de pobreza tan extrema, que a veces no tiene idea si podrá comer en los próximos días y menos aún la posibilidad de comprar ropa.
No obstante, todos los días se impide entrada a los tribunales del país a personas que llegan en tenis, sandalias, hombros descubiertos o quizás un pantalón a media pierna, independientemente de la alta probabilidad de que esa sea la única ropa que esas personas tienen y por su posición económica no tienen alternativas ante esta situación.
Es decir, a pesar de que el acceso a la justicia y la gratuidad judicial están garantizados para todos los dominicanos por la Constitución sin hacer excepciones, agentes de seguridad en los tribunales, fundamentados en órdenes superiores que vienen de la misma cabeza del Poder Judicial, cercenan estos derechos sin prurito. Se produce entonces una discriminación por posición económica y con ello, por tanto, una indiscutible violación al valor, principio y Derecho Fundamental que constituye la Igualdad.
Ojala que en lugar de perder tiempo en un tema tan superficial como quién entra o no a una discoteca, se dedique atención a esta situación tan penosa que está impidiendo a diario que muchos dominicanos puedan acceder a la justicia. Sería de gran ayuda para el bienestar colectivo.
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