Publicado en el periódico EL CARIBE en 16-10-08
Se ha hecho costumbre para los lectores de periódicos ver en los últimos años la lamentable y recurrente noticia de que “las muertes violentas registran un incremento”.
En esta semana, hemos confirmado por la prensa, otra vez, la percepción generalizada de que cada día que pasa nuestro país se torna más inseguro.
No importa cuánta exposición mediática tenga el Consejo de Seguridad Democrática o cuánto se gaste en lanzar y relanzar el plan “Barrio Seguro”, todo lo que ha sido presuntamente diseñado por el Gobierno para contener la delincuencia en nuestro país evidentemente ha fracasado.
No ha servido el patrullaje conjunto de policías y militares. De hecho, sus decisiones de cómo hacer las pesquisas y a quiénes revisar basadas en parámetros incomprensibles y criterios que escapan de la lógica, lo único que han logrado es abrir más la herida de una población resentida porque quienes están llamados a protegerla parecen ni saberlo.
Tampoco ha funcionado la medida de restricción de consumo de bebidas alcohólicas y horas de establecimientos nocturnos. Si bien esto es una excelente idea para evitar tragedias como algunos accidentes de tránsito o muertes por intoxicación alcohólica, lo cierto es que no ha sido muy útil para evitar una criminalidad que no tiene horarios y, además, la regla ha sufrido tantas excepciones que en gran medida ha sido desnaturalizada.
A pesar de que la reacción automática de las autoridades es negar el problema y tratar de tomarnos por tontos al decirnos que estamos equivocados cuando afirmamos que se ha vuelto insoportable la sensación de inseguridad, hay quienes desde el Ministerio Público han tenido que admitirlo. Tal es el caso del fiscal Perfecto Acosta, quien recientemente reconoció el aumento de la violencia y la criminalidad.
Esto, sin embargo, no ha incidido para que desde el Poder Ejecutivo se haga un análisis más serio del tema.
En lugar de seguir, por ejemplo, con el discurso desde hace décadas sobre pobreza, estudiar mejor un Código Procesal Penal que hace sencillo a los delincuentes salir de las cárceles y muy difícil que lleguen a estas. Un Código que obvia la reincidencia, protege al victimario y complejiza los procedimientos para las víctimas.
En vez de culpar el consumo de drogas o repetir el trillado tema de la educación y la prevención, sería más útil evaluar con reglas claras un sistema judicial lento, ineficaz, caro y que ha fallado en su rol fundamental de impartir justicia.
Quizás, si se toman decisiones sin tintes demagógicos o electoreros, priorizando ante todo la seguridad de las personas, podríamos comenzar a ver cambios positivos en una de las situaciones más graves que afecta a la República Dominicana.
En esta semana, hemos confirmado por la prensa, otra vez, la percepción generalizada de que cada día que pasa nuestro país se torna más inseguro.
No importa cuánta exposición mediática tenga el Consejo de Seguridad Democrática o cuánto se gaste en lanzar y relanzar el plan “Barrio Seguro”, todo lo que ha sido presuntamente diseñado por el Gobierno para contener la delincuencia en nuestro país evidentemente ha fracasado.
No ha servido el patrullaje conjunto de policías y militares. De hecho, sus decisiones de cómo hacer las pesquisas y a quiénes revisar basadas en parámetros incomprensibles y criterios que escapan de la lógica, lo único que han logrado es abrir más la herida de una población resentida porque quienes están llamados a protegerla parecen ni saberlo.
Tampoco ha funcionado la medida de restricción de consumo de bebidas alcohólicas y horas de establecimientos nocturnos. Si bien esto es una excelente idea para evitar tragedias como algunos accidentes de tránsito o muertes por intoxicación alcohólica, lo cierto es que no ha sido muy útil para evitar una criminalidad que no tiene horarios y, además, la regla ha sufrido tantas excepciones que en gran medida ha sido desnaturalizada.
A pesar de que la reacción automática de las autoridades es negar el problema y tratar de tomarnos por tontos al decirnos que estamos equivocados cuando afirmamos que se ha vuelto insoportable la sensación de inseguridad, hay quienes desde el Ministerio Público han tenido que admitirlo. Tal es el caso del fiscal Perfecto Acosta, quien recientemente reconoció el aumento de la violencia y la criminalidad.
Esto, sin embargo, no ha incidido para que desde el Poder Ejecutivo se haga un análisis más serio del tema.
En lugar de seguir, por ejemplo, con el discurso desde hace décadas sobre pobreza, estudiar mejor un Código Procesal Penal que hace sencillo a los delincuentes salir de las cárceles y muy difícil que lleguen a estas. Un Código que obvia la reincidencia, protege al victimario y complejiza los procedimientos para las víctimas.
En vez de culpar el consumo de drogas o repetir el trillado tema de la educación y la prevención, sería más útil evaluar con reglas claras un sistema judicial lento, ineficaz, caro y que ha fallado en su rol fundamental de impartir justicia.
Quizás, si se toman decisiones sin tintes demagógicos o electoreros, priorizando ante todo la seguridad de las personas, podríamos comenzar a ver cambios positivos en una de las situaciones más graves que afecta a la República Dominicana.
1 comment:
Leila,
Sería un honor para mí que leyeras este post en mi blog, y me dijeras tu opinión sobre este mismo tema.
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