JOSÉ RAMÓN PERALTA AFIRMA QUE SÓLO DANILO MEDINA GANA EN PRIMERA VUELTA

Distrito Nacional, República Dominicana.- El Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que sólo Danilo Medina gana las elecciones en primera vuelta.

Al ser entrevistado esta mañana por Miguel Guerrero y Leila Mejía en el programa Conexión 32, en VTV Canal 32, Peralta dijo que hay que esperar a que el Presidente Medina hable en las próximas semanas o próximos meses y fije su posición sobre la reelección, pero asegura que todavía hay tiempo para definir el tema y que al día de hoy Danilo Medina es el único político dominicano que ganaría unas elecciones en primera vuelta, a la vez que destacó que el PLD es un partido fuerte cuya simpatía ronda en un 53% porque ha hecho enormes aportes a la democracia.

En otro orden, al referirse a la situación interna del PLD y las acusaciones que ha recibido el Presidente Medina por parte de la corriente leonelista, Peralta dijo que “no hay dudas de que las heridas quedan, porque a veces dentro del partido actúan como el mayor de los opositores”, sin embargo, señaló que el PLD es el partido más fuerte del país y que, aunque algunos compañeros están jugando un juego que no se entiende, quizás por la misma desesperación, aún están apostando por la unidad.

Sobre las primarias dijo que la Junta Central Electoral este año recibió el más alto presupuesto de su historia y que está seguro que con los aportes de la Junta y los aportes de los partidos las primarias de Octubre se llevarán a cabo sin inconvenientes.

Entre otras cosas también habló de la importancia de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral para preservar los partidos que iban en decadencia, como un marco jurídico que les garantiza la sostenibilidad en el largo plazo.

A pesar de asegurar que la política es su mayor pasión, dijo no tener aspiraciones propias a cargos electivos y que su compromiso será hasta que el Presidente decida seguir en la Presidencia de la República.

19 de Febrero de 2019

IDEAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Uno de los temas que mayor preocupación despierta en la población dominicana es la delincuencia y por consiguiente la seguridad ciudadana es uno de los principales desafíos del Gobierno.

Hay  novedades que se están ejecutando en países como Canadá y Chile que han tenido buenos resultados y que en nuestro país no se han probado.

Sin dudas la seguridad debe tener un componente reactivo pero también es esencial diseñar un plan multisectorial cuyo objetivo primario sea la prevención, y no sólo con temas como educación y empleo cuya importancia es incuestionable y conocida por todos, sino además con enfoques novedosos como integrar a la comunidad en proyectos de arte o deportes, lo que podría tener efectos en un menor plazo.

El Estado puede invertir recursos en formar gestores culturales y crear espacios para que niños y jóvenes canalicen sus energías, ocupen su tiempo en algo que los motive y expresen sus inquietudes a través del arte, algo que a muchos podría servirle incluso en el futuro como herramienta para la inserción en el mundo laboral.

Otra idea que no ha sido explorada del todo en el país es la geoprevención. Esto es, prevención de la criminalidad a través del diseño ambiental. Se trata de un análisis de factores de riesgo y vulnerabilidades del entorno y la consiguiente elaboración de medidas para contrarrestar, como el control de accesos, vigilancia permanente en ciertos espacios públicos, reforzar áreas con iluminación más adecuada, entre otras.

Por otro lado, los avances de la tecnología también deben ser aprovechados para enriquecer un plan de seguridad. Por ejemplo, en un país tan comunicado como República Dominicana, con mayor acceso a Internet que la mayoría de los países del área, instituciones como la Policía Nacional pueden crear lazos de interacción con la comunidad mediante observatorios de redes sociales en los que se identifiquen denuncias y preocupaciones puntuales y se les preste real atención para tomar acciones.

Todavía hay mucho que se puede hacer. Sólo se necesita voluntad y decisión.

HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN

Según lo publicado por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, 1 de cada 68 niños en el año 2012 era diagnosticado con algún tipo de Trastorno del Espectro Autista (TEA), mientras que ahora en el 2018 esa cifra cambió a 1 de cada 59. Además, revelaron que en las últimas dos décadas el incremento ha sido de un escalofriante 700 por ciento. A esto hay que agregar que varias asociaciones de padres en Estados Unidos no están conformes con estos datos pues afirman que sus investigaciones los han llevado a la aún más preocupante relación de 1 de cada 35.

Si analizamos las cifras del último censo de 2010 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en nuestro país, la encuesta ENHOGAR de 2013 y los datos recogidos por fundaciones y organizaciones independientes que trabajan el tema, podemos concluir que cerca de un 10 por ciento de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad, lo que significa casi un millón de personas. 

De acuerdo a las citadas fuentes, aproximadamente el 23 por ciento de los dominicanos con discapacidad la tienen de tipo intelectual, renglón en el que generalmente los encuestadores engloban (aunque no necesariamente sea lo más correcto porque no siempre la implican, pero es un error común) condiciones como el autismo o el síndrome de Down.  

Lo anterior nos ayuda para tratar de acercarnos a una estadística de esencial importancia pero hasta ahora desconocida en el país: La cantidad de personas dentro del espectro autista, actualmente la condición o trastorno de más rápido crecimiento en todo el mundo. 

Por aproximación, combinando los estudios locales con los extranjeros, podemos asegurar dos cosas: Que en República Dominicana hay actualmente más de 100,000 personas con autismo y que este número aumenta cada año de forma exponencial. 

Todo esto significa que la sociedad necesita estar más edificada e informada sobre el tema y que las ciudades deben adecuarse mejor, en infraestructura y servicios, a esta indiscutible realidad. Tanto sector público como privado deben desarrollar estrategias, crear campañas de concienciación, hablar de autismo, propiciar la creación de legislación especial sobre autismo, asegurarse que el sistema educativo esté preparado, garantizar que los médicos y el sector salud estén lo suficientemente capacitados al respecto, crear espacios en el mercado laboral para personas con autismo y en general, con algo que está creciendo tan rápido y que aún en el mundo no se han podido determinar con precisión las causas, urge prestar más atención. 

OTRA FORMA, LA MISMA INTENCIÓN

La Dirección General de Aduanas intentó, en 2012, pasar, en el marco de la reforma fiscal, la fijación de impuestos para las importaciones de bajo valor, es decir, las compras por Internet de menos de US$200 que hasta ahora se encuentran exentas. Sin embargo, las pretensiones fueron abandonadas cuando se pudo constatar que no sólo afectaba a muchos sectores y aún más a los consumidores, sino que además sería ilegal.

Esto, sin embargo, está siendo retomado por las actuales autoridades aduanales, en el marco de una propuesta de normativa que contiene un peligroso artículo 3, que dice que será considerado como proveedor toda persona física o jurídica que sobrepase en un mismo año 20 envíos o US$2,000 en importaciones menores de US$200, lo que constituye una artimaña para, con una redacción distinta, lograr lo mismo que tienen tiempo tratando de hacer: Gravar las compras por Internet.

Pretender establecer impuestos a las compras por Internet es atentar contra disposiciones claras contempladas en el DR-CAFTA sobre el transporte expreso de mercancía. Esto así porque el Decreto No. 402-05, contentivo del Reglamento de Despacho Expreso de Envíos, fue notificado a la Oficina de Acuerdos Comerciales de los Estados Unidos (USTR), en observancia con el artículo 5 del DR-CAFTA para cumplir con el 5.11 de implementación del Tratado, lo que inmediatamente convierte al mismo en parte esencial del DR-CAFTA y con igual fuerza vinculante para todos los fines jurídicos.

No hay manera de justificar la creación de impuestos violatorios de acuerdos internacionales de los cuales nuestro país es signatario y que sin dudas podrían significar problemas en nuestras relaciones con importantes socios comerciales como Estados Unidos.

Por otro lado, no hay una real contribución económica con esta medida que justifique los daños, pues encarecería los costos operativos de las aduanas y como haría más largo el procedimiento el sistema de Courier (que tan positivamente ha impactado a los dominicanos), colapsaría por perder su principal sentido, afectando también a sectores conexos como las empresas de transporte aéreo, muchas tiendas y mercados, y por supuesto a miles de compradores y usuarios particulares.

Debe ser motivo de preocupación para el Gobierno que la DGA persiga una involución en la apertura comercial y entre en conflicto con los Estados Unidos por violar las disposiciones de un acuerdo del que somos parte.

Exhorto al presidente Medina a que impida que se promuevan intenciones tan perniciosas, y que a todas luces implicarían un retroceso.

PRISIONEROS DE LA INSEGURIDAD

La sensación de inseguridad que existe actualmente en el país impacta grandemente la cotidianidad de los dominicanos incluso en áreas que muchas veces pasan desapercibidas pero que igualmente afectan su calidad de vida.

Por ejemplo, los padres de tantos jóvenes y adolescentes que sanamente salen a divertirse con sus amistades viven largas noches de ansiedad y desasosiego esperando la llegada de sus hijos en un país donde asesinan hasta para robar un celular. También, las mujeres que antes salían a caminar o hacer sus ejercicios al Mirador tienen que conformarse con una bicicleta estacionaria o unas vueltas en el parqueo de su casa por el miedo que sienten ante los ya cotidianos hechos de violencia que están ocurriendo a cualquier hora del día y en cualquier lugar.

Y lamentablemente, pero con sobradas razones, se ha convertido en tendencia el temor, la angustia, y el tener que conformarse con salir menos, con menos espacio, con hacer menos, a cambio de la parcial protección que ofrecen las paredes de un hogar.

El dominicano bondadoso, que se levanta temprano a trabajar, que vela por su familia a pesar de las dificultades, que educa a sus hijos aunque sea una carrera de obstáculos en medio de una sociedad corrompida que estimula los antivalores y desincentiva el cultivo de las virtudes, y que a pesar de todo lo anterior casi siempre lo hace con una sonrisa en el rostro y una actitud positiva, debería poder al menos gozar ampliamente de su libertad.

Sin embargo, dicha libertad, que constituye un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, es cercenada cada vez que como consecuencia de una inseguridad desbordada la gente debe sacrificar sus gustos y sus deseos para disminuir las probabilidades de engrosar la preocupante cifra de víctimas.

Lo peor es que los victimarios protagonistas de esta ola de violencia y delincuencia que parece crecer, además de su condición, están protegidos por un sistema procesal vergonzoso y que no disuade, encabezado por un Código que bajo el título de “garantista” ha servido en demasiados casos de comodín o “pase de salida” para muchos delincuentes que, justo por ello, se sienten muy cómodos siendo reincidentes. En cambio, las reales y potenciales víctimas se tienen que recluir en sus hogares, limitar sus actividades y convertirse en temerosos prisioneros que se amargan por la impotencia ante un statu quo que no presenta soluciones y autoridades que aún no han descifrado cuál es el mejor camino para encontrarlas.

LA PARED DE BARAHONA

Todo el que ha ido a la hermosa y subestimada Barahona puede constatar que en la carretera que bordea el malecón de La Ciénaga (que es una carretera secundaria, no es la principal) todas las propiedades turísticas como Casa del Mar, Playazul, entre otros 7 u 8 hoteles se encuentran cerradas con más de un kilómetro de verja, al margen de las casas y arrabales que también confluyen en la zona.


El antiguo Hotel Bahoruco, que pertenecía cuando operaba a la prestigiosa cadena Barceló, siempre tuvo la pared de la cual nadie en momento alguno se había quejado hasta ahora, pero hoy que pertenece a un grupo empresarial vinculado al Ministro de Obras Públicas extrañamente es tema de "denuncias y reclamos" de algunos sectores que aunque tienen pocas voces hacen ruido, sin reparar en que simplemente se está arreglando una estructura deteriorada que ya se encontraba en el lugar donde nunca hubo "vista al mar", pues más que la pared siempre la impidió la altura de la vegetación. Es por esto que el trabajo tiene, como siempre tuvo, todos los permisos ambientales requeridos.


El Grupo Perla del Sur está conformado por varios inversionistas dominicanos entre los que se encuentran Sadalá Khoury, Fefelo Méndez, Miguel Feris, Pablo Portes, entre otros y está encabezado por Gonzalo Alexander Castillo, hijo del Ministro. Ellos se disponen a reacondicionar y relanzar lo que alguna vez fue el mejor hotel de la región, el único "todo incluido" del Sur y el único con el concepto de resort que tanto ha funcionado para el Norte y el Este.


Sin dudas esto es de extrema importancia para Barahona y las provincias colindantes porque es un inmenso paso de avance hacia la dirección de dinamizar la empobrecida zona y subirla en la autopista del desarrollo que algunos a los que pareciera molestarle el progreso tanto quieren entorpecer.


Daría mucha pena que a los barahoneros y a los demás sureños se les quiera cercenar la posibilidad de beneficiarse de todo el potencial que se desprende de este proyecto simplemente por la mezquindad de gente con razones e intereses personales. Personas que en su mayoría ni siquiera visitan la zona ni conocen sus necesidades y por eso no se habían enterado que esa y otras paredes han estado por décadas, pero que al ver el nombre de un pariente de Gonzalo Castillo vieron una oportunidad para servir a sus propósitos y hacer daño. Lo mucho hasta Dios lo ve.

EL DELITO DE PREVARICACIÓN

El Código Penal de la República Dominicana establece la prevaricación como el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.Los elementos constitutivos del delito son el hecho material de cometer un crimen, que el autor en efecto sea un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y la intención.

Según la Academia de la Lengua, la palabra prevaricación proviene de la voz prevaricato que, a su vez, deriva del latín praevaricatus, relativa a la acción de cualquier funcionario público que falta a los deberes de su cargo cuando a sabiendas o por ignorancia inexcusable dicta resolución de manifiesta injusticia.

La prevaricación como delito genera un poco de confusión entre los juristas por la amplitud de lo que abarca. Representa una encrucijada del ordenamiento jurídico por lo difícil que resulta tipificarlo. Se trata de un concepto técnico compuesto de dimensiones que lo ubican en un ámbito no relativo de manera específica a la corrupción como comúnmente se quiere señalar sino al sometimiento del ejercicio de la función pública al estado de derecho y el principio de legalidad, lo que se pone de manifiesto en las decisiones y resoluciones dictadas por los funcionarios.

No obstante lo anterior, lo más importante es reiterar que el bien jurídicamente protegido es la función pública y que lo que se castiga es, por tanto, el ataque a las actividades o funciones y esencia misma del Estado, al orden público en sentido estricto o a garantías fundamental es de carácter individual. Se trata de un delito que tutela el derecho de la administración pública en su sentido de honestidad e imparcialidad.

En algunas legislaciones penales como en la de Colombia se encuentran de manera expresa dos tipos de prevaricación: Por acción y por omisión. En el caso dominicano no se establece de manera clara la prevaricación por omisión, sin embargo, como se castigan en el mismo libro del Código Penal relativo a crímenes y delitos contra la cosa pública situaciones como la denegación de justicia o de servicios legalmente debidos, se puede inferir que se encuentra implícito, puesto que todos los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, tomando en consideración el bien jurídicamente tutelado, constituyen una forma de prevaricación.

El prevaricador hace traición a su propia causa, ejerciendo las potestades que el cargo le confiere burlando el derecho.