La Dirección General de Aduanas intentó, en 2012, pasar, en el marco de la reforma fiscal, la fijación de impuestos para las importaciones de bajo valor, es decir, las compras por Internet de menos de US$200 que hasta ahora se encuentran exentas. Sin embargo, las pretensiones fueron abandonadas cuando se pudo constatar que no sólo afectaba a muchos sectores y aún más a los consumidores, sino que además sería ilegal.
Esto, sin embargo, está siendo retomado por las actuales autoridades aduanales, en el marco de una propuesta de normativa que contiene un peligroso artículo 3, que dice que será considerado como proveedor toda persona física o jurídica que sobrepase en un mismo año 20 envíos o US$2,000 en importaciones menores de US$200, lo que constituye una artimaña para, con una redacción distinta, lograr lo mismo que tienen tiempo tratando de hacer: Gravar las compras por Internet.
Pretender establecer impuestos a las compras por Internet es atentar contra disposiciones claras contempladas en el DR-CAFTA sobre el transporte expreso de mercancía. Esto así porque el Decreto No. 402-05, contentivo del Reglamento de Despacho Expreso de Envíos, fue notificado a la Oficina de Acuerdos Comerciales de los Estados Unidos (USTR), en observancia con el artículo 5 del DR-CAFTA para cumplir con el 5.11 de implementación del Tratado, lo que inmediatamente convierte al mismo en parte esencial del DR-CAFTA y con igual fuerza vinculante para todos los fines jurídicos.
No hay manera de justificar la creación de impuestos violatorios de acuerdos internacionales de los cuales nuestro país es signatario y que sin dudas podrían significar problemas en nuestras relaciones con importantes socios comerciales como Estados Unidos.
Por otro lado, no hay una real contribución económica con esta medida que justifique los daños, pues encarecería los costos operativos de las aduanas y como haría más largo el procedimiento el sistema de Courier (que tan positivamente ha impactado a los dominicanos), colapsaría por perder su principal sentido, afectando también a sectores conexos como las empresas de transporte aéreo, muchas tiendas y mercados, y por supuesto a miles de compradores y usuarios particulares.
Debe ser motivo de preocupación para el Gobierno que la DGA persiga una involución en la apertura comercial y entre en conflicto con los Estados Unidos por violar las disposiciones de un acuerdo del que somos parte.
Exhorto al presidente Medina a que impida que se promuevan intenciones tan perniciosas, y que a todas luces implicarían un retroceso.
