UNA RESPUESTA MAS SERIA

Desde hace unos días, el controversial  tema de la propuesta de legalización de las drogas se ha convertido en un importante tema de debate en nuestro país.

Luego del planteamiento hecho por el Pastor Ezequiel Molina respecto a la posibilidad de legalizar las drogas en la República Dominicana, numerosas reacciones se han producido al respecto, casi todas en abierta oposición a lo propuesto por el Pastor.

Desde el Gobierno, tanto representantes del Consejo Nacional de Drogas, otros funcionarios, legisladores y hasta el mismo Jefe de la Policía Nacional, han rechazado radicalmente el tema de la legalización describiendo dicha posibilidad como algo funesto.  Sin embargo, en todos los casos, las respuestas se han producido sin un análisis serio y sopesado de un tema que es sumamente complejo y en algunos casos con argumentos absurdos y excesivamente simplistas como “eso es una barbaridad” o “mejor vamos a legalizar el matrimonio”.

La legalización de las drogas no es algo sencillo ni tampoco es nuevo.  Ha sido propuesto en muchas ocasiones hasta por Jefes de Estado, como el caso de Vicente Fox en México, y ha sido probado con parcial éxito en algunos países, como el caso de Holanda.

De hecho, uno de los principales abanderados de la lucha por la legalización es Gustavo de Greiff, Ex Fiscal General de Colombia y justamente aquél magistrado que trató de trasladar a Pablo Escobar para evitar su fuga y que fue considerado el “superjuez” por su ardua lucha contra el narcotráfico.  Para fundamentar su posición, de Greiff no se recuesta, sin embargo, en argumentos vacíos y de poco peso como los externados por nuestras autoridades, sino que se apoya en estudios médicos, sociales y económicos que plantean razones objetivas para al menos considerar el tema.

Uno de estos estudios es el informe publicado en el 1994 por el Colegio de Abogados de New York titulado “Una vía más sabia, terminar con la prohibición”. La investigación fue llevada a cabo por un comité de expertos formado por sociólogos, políticos, economistas, médicos y químicos que luego de muchos años de trabajo concluyó que la regularización de la producción y comercio de drogas no incrementaría de manera notable el consumo, siempre y cuando la legalización se acompañara de tratamientos médicos y de rehabilitación a los adictos y de campañas publicitarias y educativas inteligentes y honestas para disuadir del uso de drogas.

Lo ideal es que para fijar una posición sobre un tema con tantas aristas se haga un análisis cuidadoso, luego de una documentación exhaustiva, para dar una respuesta más seria y llegar al discurso más pertinente, aunque no necesariamente sea el más populista.

UNA VACUNA PARA EL DENGUE

Autoridades de la Secretaría de Estado de Salud Pública han informado que, debido al cambio climático, en algunas zonas del país un aumento del virus del Dengue.

Los dominicanos hemos experimentado numerosos avances tecnológicos como consecuencia de la globalización que nos convierten en un país más moderno en algunas áreas.  En Telecomunicaciones, por ejemplo, somos uno de los países más avanzados de la región con una gran mayoría de la población con celulares, con acceso a Internet, entre muchas otras ventajas de la modernidad.  Paradójicamente, al mismo tiempo que evolucionamos por ese lado, involucionamos en temas tan básicos como el virus del Dengue, enfermedad considerada como un síntoma de atraso y subdesarrollo.

Lamentablemente, el Dengue sigue causando estragos en República Dominicana.  Cada año, siguen reportándose altas cifras de muertos como consecuencia de esta enfermedad y en muchas ocasiones éstas aumentan en relación al año anterior, lo que indica que no se han producido mejorías en la lucha contra el Dengue.

A pesar de que se trata de una enfermedad cuya prevención medicamentosa probablemente no sea de tan complicada elaboración, no resulta de interés pecuniario para los laboratorios farmacéuticos extranjeros desarrollar una vacuna contra el Dengue.  Esto es así ya que República Dominicana es simplemente un mercado secundario para dichas farmacéuticas que hacen inversiones en invenciones dirigidas fundamentalmente a los mercados grandes.  Por ello, aunque nos beneficiamos subsidiariamente de algunas de esas invenciones, nuestro mercado de menos de diez millones de personas no hace una diferencia para dichas empresas y por ello nunca seremos una razón primaria para el diseño de nuevos medicamentos.

Por esta razón, nuestro régimen de patentes de invención no tiene la importancia suficiente como para justificar restricciones a la industria local para la elaboración de ciertos medicamentos.  Si, evidentemente, el hecho de tener un sistema de patentes de invención en nuestro país no sirve para estimular nuevos inventos por parte de las multinacionales destinados específicamente al país, no tenerlo tampoco las disuadiría de seguir inventando para sus grandes mercados.

Es por esto que debería el Gobierno desarrollar planes que involucren a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) para estimular a las empresas farmacéuticas locales a investigar la posibilidad de crear una vacuna contra el dengue, sin restricciones por  presunta información no divulgada, patentes de procedimientos o de productos necesarios para llegar a la nueva invención.

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) es una de las oficinas estatales que mejor funciona en el país y, con la adecuada dirección y voluntad del Gobierno, podrían lograrse grandes cosas para mejorar la salud de los dominicanos.

DELITOS CONTRA LA COSA PUBLICA

Existe una categoría de delito contemplada en nuestro ordenamiento jurídico penal denominada “Crímenes y delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones” que parece ser poco conocida en el país.

A pesar de que los delitos cometidos por funcionarios públicos se encuentran duramente sancionados en disposiciones diseminadas por todo el Código Penal y diversas leyes, nuestros servidores, cuando hablan de la corrupción, parecen desconocer muchas de estas previsiones.

Es necesario reconocer que desde las mismas universidades se descuida el tema, toda vez que, a pesar de su importancia, no es tratado como una materia particular ni al menos como parte prioritaria del Derecho Penal. Por tales deficiencias y por la situación actual de denuncias constantes de funcionarios presuntamente corruptos, es apropiado recordar algunas cosas.

Desde el Derecho Romano, las leyes penales se han dedicado a la protección del poder político, por eso, los ataques a la soberanía eran constitutivos de delitos de Lesa Majestad.  Esto constituyó el germen de los delitos cometidos por los funcionarios públicos.

Se trata de la estrecha vinculación del Estado con sus agentes, entre los que hay un deber de fidelidad, por lo que lo protegido es la obediencia que el funcionario debe al Estado. Por ende, el bien tutelado es la función pública, merecedora de tutela penal tanto frente a los ataques que en el seno interno de la administración protagonizan quienes desempeñan funciones públicas como frente a los atentados externos perpetrados por personas ajenas a esa función.   

En sentido lato, se entiende que “funcionario” se refiere al agente que en calidad de titular pertenece a los cuadros permanentes de la administración pública. Por ello, cabe resaltar a Ulpiano cuando se refería al funcionario corrupto “como el que de pie se apoya en dos partes, el cual ayuda a la parte contraria haciendo traición a su propia causa”.

Es imprescindible castigar las inconductas de los funcionarios públicos que ejercen las potestades que el derecho les confiere burlando el derecho. Sin embargo, no se trata de evitar que el funcionario se coloque en una situación conflictiva entre los deberes de su función y su interés personal, sino de castigar una especulación cuya inmoralidad reside en el abuso de influencia, aunque resulte sancionado igualmente el abuso de función.

Un ejemplo de una forma de corrupción que hay que destacar es la prevista por el artículo 102 de la Constitución que dice lo siguiente: “Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.”

El nepotismo, por tanto, es un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y el mismo debe ser castigado como tal, aunque se le quiera minimizar su importancia.

LA VULGARIZACION DE LAS MARCAS

Los signos distintivos son de uso cotidiano de empresarios que venden productos y servicios y de público en general consumidor de dichos productos o servicios.

Los signos distintivos revisten una gran importancia para el ámbito empresarial porque cumplen un papel trascendental de caras a un consumidor que no quiere confundirse respecto al origen o procedencia del servicio o bien que adquiere y necesita elementos para hacer la distinción.

De los signos el más importante, justamente porque conlleva una función distintiva más fuerte, es la marca.  La marca, utilizada para distinguir productos y servicios, por su poder identificador, constituye uno de los activos empresariales más valiosos y a su vez uno de los elementos esclarecedores más relevantes para los consumidores. Por tales motivos, se requiere una protección tan trascendental que traspasa las barreras jurídicas para plantear en la práctica a sus titulares exigencias hasta mercadológicas y estratégicas.

Como consecuencia del éxito empresarial, varios fenómenos pueden ocurrir en relación con una marca que pueden, en algunos casos, beneficiar aún más a la empresa propietaria de la misma o, paradójicamente, perjudicar a un producto o servicio con una marca demasiado popular.

Por un lado, puede ocurrir que una marca no registrada adquiera tanto reconocimiento que termine convirtiéndose en una marca notoriamente conocida y de ello deriven derechos a favor de la empresa que la utiliza.  Por otro lado, también puede darse el caso de que denominaciones que en principio ni siquiera son registrables por ser genéricas logren que el público las relacione de forma tal con un producto o servicio que terminen convirtiéndose en una marca que, además de notoria, adquiere la fuerza distintiva que en principio no tuvo para ser susceptible de un registro marcario.

No obstante, también puede ocurrir que, por razones de hecho muchas veces ajenas al quehacer del titular de la marca, la utilización habitual y muy frecuente de dicho signo podría convertir en genérico una marca que en su nacimiento tuvo gran fuerza distintiva pero que, con el tiempo, la ha perdido como consecuencia de un fenómeno al que llamo “vulgarización”.  Un ejemplo común es el caso de la marca Aspirina, que si bien es marca registrada en nuestro país, fue por esta razón anulada en Estados Unidos.

Cuando una marca se vulgariza, se pierde el principal requisito para que la misma sea registrable y que con ello genere ciertos derechos para su titular. Es por esto que, los titulares y potenciales titulares de registros de marcas deben prestar especial atención al fenómeno de la vulgarización a fines de tomar las medidas para proteger sus signos de vulgarizarse y con ello la posibilidad de perder derechos adquiridos de propiedad industrial.

SOBRE EL ABORTO

De acuerdo a la última encuesta Gallup, la mayoría de los dominicanos considera que el aborto es una práctica inmoral pero lo  aceptaría si es necesario para salvar la vida de la madre.

Según los datos que ofreció Gallup ayer, el 58.7% de las mujeres dominicanas piensa que el aborto es una práctica inmoral y la misma posición defiende el 54.7% de los hombres en nuestro país.

De hecho, incluso en situaciones difíciles que plantean numerosos cuestionamientos jurídicos, religiosos, sociales y morales, como la posibilidad de terminar un embarazo que ha sido consecuencia de una violación sexual, la mayoría de nuestros ciudadanos sataniza de todas maneras el aborto, toda vez que el 68% de los dominicanos entiende que las violaciones no constituyen justificación suficiente para permitirlo.

Partiendo de estas cifras, resulta lógico concluir que no están nuestros legisladores del todo desconectados del sentir del pueblo cuando, en una reforma constitucional, pretenden incluir una expresa prohibición al aborto.  Sin embargo, si bien es justo reconocer que en principio la posición que ha imperado en el Congreso responde a los deseos de la mayoría, no es menos cierto que no tomar en consideración una importantísima excepción a la regla atenta contra lo que piensa el 80% de los dominicanos: permitir el aborto cuando la vida de la madre se encuentra en peligro.

Hay diversas razones por las cuales un embarazo puede poner en riesgo la vida de la madre.  Un ejemplo usual es cuando se produce un embarazo ectópico.  De acuerdo a los expertos, esta complicación ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta y comienza a desarrollarse fuera del útero, como en la trompa de Falopio, en el ovario, en la cavidad pélvica o en el canal cervical. Por motivos no demasiados claros, estos embarazos cada vez resultan más frecuentes y de acuerdo al Journal of Ayub Medical College, el embarazo ectópico es la principal causa mundial de muerte materna en el primer trimestre de embarazo.  El embarazo ectópico no tiene probabilidades de éxito y puede provocar en la mujer hemorragias, shock hipovolémico, entre otras cosas.  Por ende, constituye un indiscutible riesgo a su vida por lo que la interrupción es inminente.  

Si nuestros legisladores no toman en cuenta situaciones como la descrita para establecer una excepción clara a la prohibición del aborto, están condenando a muerte a todas las mujeres que experimenten embarazos con esta u otra complicación que arriesgue su vida.  Esto así, porque los ginecólogos a los que les lleguen casos urgentes de este tipo, probablemente no se atrevan a hacer lo que la ciencia indica que deben hacer por temor a caer presos debido al fanatismo de unos insensatos y a la insensatez de unos fanáticos.

POR LA TIERRA

El senador estadounidense Gaylord Nelson instauró, hace 39 años, el 22 de abril como un día para crear conciencia mundial respecto a la importancia de la biodiversidad. Ayer fue, por tanto, el Día de la Tierra.

Mientras en casi todo el mundo se realizaron festejos, conferencias, exposiciones y en general distintas actividades para celebrar la fecha, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) emitió un preocupante informe contentivo de estudios e investigaciones técnicas que proyecta a la tierra en gran peligro.

Esto así, no sólo por el aumento de temperatura que se espera como consecuencia del cambio climático, sino además, por la reducción desproporcionada de recursos en el planeta, por el debilitamiento de la capa de ozono y por una escasez de agua que según el documento afectará a casi tres mil millones de personas para el año dos mil veinticinco.

Particularmente República Dominicana recibió la ocasión en momentos en que existen en él grandes problemas de deforestación, contaminación y entre otras cosas, degradación de sus recursos naturales.

La penosa situación de las cuencas hidrográficas, el cercenamiento de áreas protegidas y la falta de sentido común para cuidar recursos que no son renovables o especies animales en peligro de extinción, conforman un panorama lamentable y del que derivan malas expectativas.

Ante esto, se hace necesario que en nuestro país a este tema medioambiental se le dé un sentido mucho más profundo y serio que el de una simple celebración. Y las personas que, ya sea por su condición económica, su poder, su inteligencia, su talento o, en general, sus circunstancias privilegiadas, tienen más posibilidades de ofrecer una ayuda efectiva, tienen sobre sus hombros un imperativo moral aún más fuerte de convertirse en agentes de cambio.

Hay contados ejemplos de individuos que han asumido con altruismo esa responsabilidad y con ello generan esperanzas.  Tal es el caso del empresario Manuel Estrella, quien ha encabezado el inicio de un importantísimo trabajo de reforestación de veinte mil tareas de tierra en Los Arroyos de Gonzalo, en Sabana Grande de Boyá, provincia Monteplata.

Sin embargo, hace falta mucho más, y de mucha más gente, para que los resultados sean palpables y conducentes a que se pueda garantizar un verdadero desarrollo sostenible para los dominicanos.  Más empresarios que dediquen parte de su tiempo y su dinero para mejorar el medioambiente en nuestro país.  Más políticos que entiendan la trascendencia del tema y utilicen su poder de decisión en beneficio de la tierra.  Más intelectuales y científicos que se esfuercen en generar ideas y nuevas posibles soluciones al problema. Y menos, mucho menos individualismo, para lidiar con una situación que, lo comprendamos o no, nos importe o no, tiene y tendrá efectos colectivos devastadores.

ENTREVISTA A HECMILIO GALVAN

Hecmilio Galván es Economista, especialista en políticas de juventud.
Es también Coordinador Nacional de La Multitud

1. ¿La juventud en la República Dominicana constituye un segmento mayoritario de la población. Consideras que se encuentra esto representado en la fuerza humana que ocupa los cargos en la administración pública?

Obviamente no, existen muchas inequidades en ese sentido. Tenemos un país gobernado por los viejos, eso quiere decir gobernado por los vicios, por los traumas, por los miedos y sobre todo por una tradición nefasta que no termina de morir: la corrupción y el clientelismo. Sería un trabajo interesante cuantificar la cantidad de cargos electivos ocupados por ciudadanos de menos de 35 años, aunque estoy seguro que la cifra resultaría irrisoria.

2. ¿Piensas que existe una real participación de los jóvenes de nuestro país en la toma de decisiones trascendentales?

Esta respuesta viene de la primera. Evidentemente que si no se ocupan cargos importantes, mucho menos podrá haber incidencia en las decisiones públicas. Ya es casi un cliché, pero los jóvenes están marginados de las decisiones importantes.

3. Es cierto el argumento de que la juventud dominicana se ha cerrado puertas debido a su apatía y desinterés generalizado en temas sociales?

Ese es un argumento banal. Es como culpar a tu victima de tus actos. Los que toman las decisiones públicas, los que administran el Estado, son los que deben tomar las medidas para fomentar la participación activa de los jóvenes en las actividades económicas, culturales, sociales y políticas. Si no sucede, es fundamentalmente una deficiencia del Estado.

La misma Ley General de Juventud 49-00 es muy clara al afirmar que uno de sus objetivos es fomentar la participación de los jóvenes. Sin embargo, no se aplica, ni se crean los mecanismos adecuados para fomentar esta participación..

Lo que falta precisamente es voluntad política; lo que hay es un rechazo conservador a que se produzca el necesario y transformador relevo generacional. Los sectores comprometidos con el pasado quieren impedir la posibilidad de una renovación de la sociedad sobre la base de darles entrada a los jóvenes sólo de una manera mediatizada y conveniente.

Afortunadamente creo que es sólo un retraso momentáneo.

4. Cómo describirías la situación relativa al acceso de los jóvenes dominicanos a capacitación de calidad y a puestos de trabajo con salarios competitivos?

Este es sólo un aspecto de una política de juventud correcta, pero sin embargo es fundamental. Tiene que ver, no sólo con mejores ingresos y reducción de la pobreza, sino con desarrollo de las fuerzas productivas a través de un mejor y más eficiente uso del capital humano.

Existen severas limitaciones en la escuela básica y media, que no son compensadas por la Universidad y mucho menos por la red de escuelas técnicas del país. El INFOTEP, que es altamente útil, sin embargo es significativamente débil e insuficiente para enfrentar los restos y satisfacer los requerimientos de trabajadores cualificados para la economía.
Ha faltado no sólo desde el Estado, sino también desde el Sector privado, el iteres por fortalecer la educación, sobretodo la técnica y vocacional.

Obviamente los grandes perdedores son los jóvenes que se ven enfrentados a menores salarios proporcionales a sus capacidades adquiridas.

5. Crees que existe en nuestro país un verdadero liderazgo juvenil?

Es una pregunta compleja. Yo diría que está en construcción un liderazgo juvenil, existen muchas organizaciones de jóvenes y cada vez se destacan nuevos líderes culturales, sociales y deportivos, muy jóvenes, más sin embargo no tiene la fuerza suficiente para imponerse. El sistema político actual tampoco permitirá el surgimiento de un relevo estructuralmente diferente.

Un nuevo liderazgo, no sólo en edad, sino en ideas, en procedimientos, en proyectos y objetivos, podrá emerger e imponerse en un nuevo contexto, en una nueva democracia que ponga fin a la Partidocracia imperante de los tres y sus adláteres.

Yo creo que construir ese liderazgo juvenil es un desafío a la par de construir una nueva sociedad basada en nuevos valores. Este nuevo liderazgo será un instrumento para conseguir los cambios, y también un producto de ellos.

6. Tienen los jóvenes dominicanos en la actualidad suficientes oportunidades de crecimiento y desarrollo personal en condiciones óptimas? Por qué?

Ni los jóvenes ni nadie. El país se encuentra sumido en una profunda crisis de valores y en una descomposición galopante de su estructura productiva, social, cultural y hasta ambiental.

Pero específicamente, los jóvenes son más afectados porque son más vulnerables, económica, física y psicológicamente, y no existe una política de juventud acertada que permita convertir esas vulnerabilidades en oportunidades de desarrollo.

7. Cuáles son tus recomendaciones para una acertada política de juventud?

En el 2008 realicé una investigación sobre la implementación de la Ley General de Juventud en la República Dominicana, y el gran descubrimiento, es precisamente que no se ha aplicado la Ley.
Lo primero que hay que hacer es implementar la Ley y elaborar una política de juventud en los hechos.

Medidas positivas para tomar en cuenta son:
-Iniciar el proceso de conformación del Consejo Nacional de Juventud a través de conformar los consejos municipales y provinciales.
-Convertir la SEJ en un organismo de articulación (como manda la Ley) y erradicar el clientelismo.
-Garantizar el financiamiento de la Política Pública de Juventud, a razón de 1% del Presupuesto Nacional.
-Convertir el tema de la juventud en un tema transversal de toda la política, evitando que sea invisibilizado.
-Fortalecer la política de juventud a nivel local como escenario ideal de ejecución de programas y proyectos de juventud.
-Promover la organización juvenil en todas sus manifestaciones.